El fiscal pide por estos hechos una condena de 10 años de cárcel para el alcalde y penas de un año y 5 meses para los jornaleros.

Antonio Mata Hita explicó que los trabajos de los jornaleros consistían en "tareas ecológicas", refiriéndose a la falta de "productividad de la sierra de prpiedad municipal que los parados se ocupaban de mantener limpia".

Para Mata Hita, es "normal que los desempleados accedieran a trabajar sin cobrar porque necesitaban el paro para sobrevivir". El alcalde lamentó que lleva "cuatro años con la cruz a cuestas, igual que Cristo", y declaró que no hubo nunca trato de favor hacia los jornaleros beneficiados por las peonadas.

Según su relato, cada tarde recibía en su domicilio a numerosos braceros solicitando trabajo, ya que "la práctica totalidad de loshabitantes de Iznalloz están en el paro y la tasa de analfabetismo en esta localidad alcanza el 50 por ciento de la población".

Los jornaleros acusados, para quien el fiscal solicita una condena de un año de cárcel por un delito de falsedad y cinco meses de arresto por otro de estafa, negaron poseer bienes y propiedades, y en algunos casos reconocieron que trabajaron sin percibir salario alguno.

Uno de los procesados manifestó al tribunal su sorpresa porque en los informes de la Guardia Civil se e atribuya a él y a su nuera la posesión de ganado, lo que, según dijo, es imposible, ya que no tiene hijos y "no he visto una cabra en mi vida".

Tanto Mata Hita como el resto de los procesados señalaron que nunca tuvieron conciencia de estar incurriendo en una irregularidad, aunque el alcalde reconoció que el secretario de la corporación advirtió en su momento la ilegalidad de la cotización de hasta 3.200 peonadas en 1988 y que no fueron pagadas.

A esta primera sesión del juicio, que se reanudar el próximo jueves, acudieron destacados miembros del PSOE granadino, cuyo grupo en la Diputación Provincial ha presentado una moción de apoyo a los supuestos implicados en el fraude al PER.