El estudio, hecho público hoy, revela que las empresas, divididas en cuatro grandes grupos según la cantidad que dejaron de ingresar, presentaron facturas falsas por valor de 216.917 millones de pesetas, de los que 26.846 millones corresponden al total del dinero defraudado por el tanto por ciento correspondiente al IVA.

El fraude se incrementa con los 75.920 millones defraudados por medio del impuesto sobre Beneficio de Sociedades (IBS) declarado por los receptoes de las facturas falsas.

Lo que falsamente se hizo constar como gastos, redujo en la misma cuantía los beneficios reales de las empresas que, de haber sido declarado, le habría correspondido pagar un 35 por ciento en concepto del IBS, según consta en el estudio.

El informe distingue entre cuatro grandes grupos de empresas; el primero encuadra a las entidades que no alcanzan los cinco millones en sus cuotas tributarias anuales. Los dos grupos siguientes superaron esa cifra, pero los segundos reglarizaron su situación fiscal y los tercreos no.

El cuarto grupo corresponde a las empresas que defraudaron mediante interposiciones en operaciones de compra-venta de inmuebles, es decir, que defraudaron mediante la creación de sociedades interpuestas entre el comprador y el vendedor en este tipo de negocios.

Según el mismo estudio, sólo el primer grupo incurrió en infracción administrativa, mientras que el resto puede ser acusado de un delito de defraudación a la Hacienda Pública. Sin embargo, e juez Moreiras se ha mostrado ya partidario públicamente de no actuar contra las empresas que regularicen su sirtuación fiscal.