El pasado 20 de julio, el juzgado eitió auto de apertura de juicio oral, en el cual aparecen, según informó hoy la OCU en una nota de prensa, unas fianzas multimillonarias a los presuntos responsables del fraude.

La sociedad Cerro de la Cabaña S.A. tendrá que hacer frente a una fianza de 854 millones de pesetas; Lema, S.L., de 767 millones; Los Olivos, S.A., de 615; San Blas, S.L., de 506; José Rebuelta Moreno, S.A., de 491; Automecánica Manchega, S.A., de 378; Alcorcón, S.A., de 356; Garysol, S.A., de 337; Getafe, S.L., de 268; Arrendtaria Dos Barrios, S.A., de 239; Fearvi, S.A., de 238; A. de Alcobendas, S.A., de 112; García Noblejas, S.A., de 61; Suministros de Carburantes Torrejón de Ardoz, S.L., de 50, y La Prudenciana, S.L., de 50 millones.

La fianza es "para atender a las eventuales responsabilidades pecuniarias que puedan fijarse en la sentencia a los administradores de las sociedades mercantiles titulares de las diversas estaciones de servicio, encargados y miembros del equipo de mantenimiento de las mismas".

El juez a fijado la cuantía de las fianzas en atención a las peticiones de las acusaciones y el fiscal, teniendo en cuenta el presunto fraude cometido y los posibles perjudicados.

La OCU propone que si finalmente la sentencia establece responsabilidades civiles en forma de indemnizaciones, como no existen personadas en la causa personas físicas que aleguen haber sufrido algún daño y puedan demostrarlo, ese dinero sirva para crear un fondo común, gestionado por las asociaciones de consumidores, dedicado a la ralización de estudios sobre precisión en la venta y calidad de los combustibles.