Así loanunció hoy el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Maria Michavila, quien explicó que para el Gobierno esta denuncia tiene una "enorme trascendencia y relevancia".

"No es al Gobierno", agregó, "a quien le corresponde hacer juicios y lo que tiene que hacer es trasladar con transparencia a la opinión pública unos hechos que le parecen graves y trasladarlos también a los responsables políticos en la sede que corresponde, que es el Parlamento".

En declaraciones en los pasillos delCongreso, Michavila dijo que en este asunto el Ejecutivo "ha hecho lo que tiene que hacer", que es poner de manifiesto unas graves irregularidades y poner de inmediato medidas para evitar que en lo sucesivo se puedan producir situaciones similares.

A su juicio, no es admisible que haya ciudadanos que deben pagar a Hacienda y que eludan sus responsabilidades por negligencia u omisión de la propia Inspección de Hacienda.

Michavila señaló que el Gobierno ha abierto las diligencias oportunas para tenr un conocimiento más amplio de los hechos, que incluya a los responsables del fraude y la cuantía. No obstante, advirtió que en cuestiones tributarias hay que garantizar los mecanismos de sigilo y de respeto a la intimidad necesarios.

Igualmente, expresó su extrañeza por el hecho de que los socialistas no hayan pedido ninguna comparecencia parlamentaria para aclarar este caso. "Algo debe de resultarle incómodo al PSOE cuando no ha tenido la iniciativa del Gobierno para explicar de verdad toda esta custión", concluyó.