El dirigente popular insistió, tras presentar en nombre de su grupo la petición de creación de una comisión de investigación en el Congreso, que el Gobierno y el PP son los más interesados en que se esclarezcan los hechos y se pidan responsabilidades, que circunscribió al ámbito de lo político.

Según dijo, "está bien" que la fiscalía estudie la posible existencia de delito en este asunto, pero incurrió constantemente en la contradicción de afirmar que los scialistas pudieron favorecer intencionadamente a ciertos contribuyentes, lo que es constitutivo de un delito de prevaricación, y su negativa a imputarles ninguna transgresión de las normas penales.

El PP espera que la primera sesión plenaria del Congreso, que comenzará su actividad el 10 de febrero, trate la constitución de esta comisión que, a su juicio, debería estar concluida en dos meses.

Los populares se oponen a que la Administración Tributaria dé a conocer la identidad de las personas físias y jurídicas beneficiadas por la posible prescripción de sus expedientes, porque "no es necesaria para depurar las responsabilidades políticas de los socialistas", según Pujalte.