En su opinión, la base de las acusaciones del Gobierno actual de que hubo negligencia o trato de favor en la resolución de los expedientes "era tan endeble" que él pensó que la polémica desaparecería por sí misma.

Solchaga aprovechó también su comparcencia para defender a la ex directora de la Agencia Tributaria Juana Lázaro, acusada por el PP de favorecer a La Caixa, por quien dijo sentir mucho afecto: "Sobre su honestidad tengo la mejor de las opiniones", afirmó.

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, aseguró que las acusaciones de amiguismo o de negligencia "carecen absolutamente de fundamento".

Igualmente, expresó su sorpresa porque con "pruebas tan extraordinariamente elementales" se hayan hecho acusaciones e insinuaciones e tipo político. "Nunca en la historia de España se había producido una cosa así", concluyó.

Antes había sido preguntado por el portavoz del PP, Jaime Ignacio del Burgo, sobre por qué algunos expedientes multimillonarios se quedaron en un cajón hasta cinco años "durmiendo el sueño de los injustos".

Respondió que "no es raro" que algunos casos especialmente complicados tardaran más de seis meses en ser tramitados, "porque lo que primaba era la seguridad jurídica de que lo que se estaba haciendo, yeso estaba bien frente a la urgencia".

Ante la insistencia del representante popular en conocer las razones por las que no se tomaron medidas bajo su mandato para agilizar la tramitación de los expedientes, Solchaga replicó que entonces "nadie podía prever que el Supremo podía establecer un criterio diferente".

OBTENER EL MAXIMO

Reconoció que, a partir de la sentencia de febrero de 1996 del Alto Tribunal, "podrán tomarse medidas", pero que lo sucedido antes "ya no puede evitarse". En cualquier aso, destacó que "ha sido una pelea que ha valido la pena (en referencia a la actitud de la Administración de no tomar en cuenta el período de liquidación de las actas a efectos de su prescripción), porque se trataba de obtener el máximo posible".

Según Solchaga, esto "es mejor que lo de ahora", cuando se ha producido "una contradicción alarmante" ante la tesis oficial que da por perdidos esos expedientes y la decisión de la Agencia Tributaria de seguir recurriendo para no renunciar a ellos.

En rlación a sobre si sabía que había recursos de contribuyentes que alegaban prescripción en los tribunales por no haberse liquidado su acta dentro de los seis meses reglamentarios, dijo no haber tenido conocimiento, y añadió que si se hubiera tratado de "algo importante" se le hubiera hecho saber. Para él, el balance de la Agencia Tributaria en esa época es "realmente extraordinario", por el avance que se hizo en la lucha contra el fraude.

Otro asunto que suscitó mucho interés en las preguntas de los coisionados fue saber si el problema de la primas únicas se solución merced a un pacto político. Solchaga insistió en que los contactos que se produjeron con entidades bancarias tenían por objeto trasladar a Hacienda la posición de éstas al respecto, pero aseguró que la resolución de los expedientes en todo momento correspondió a los inspectores que los tramitaban.