Del Burgo insistió en que su grupo mantiene "todo lo dicho" hasta el momento y reconoció que "aunque la imputación de amiguismo tendrá que ser dilucidada por los tribunales de justicia", el PP se reserva sus propias convicciones al respecto.

En este sentido argumento que "si 800.000 contribuyentes vieron sus actas liquidadas y unos pocos, con expedientes por cuantías multimillonarias, no las vieron liquidadas, tenemos el legítimo derecho a pensar que, aunque no podamos proba que exitió una orden escrita, podemos llegar a convicciones importantes".

El portavoz popular aseguró, sin embargo, que aún es pronto para hablar de conclusiones en la comisión de investigación a pesar de lo cual "nosotros podemos tener convicciones y suponer las cosas. Cualquiera es libre de sacar conclusiones de unos hechos que sí están claros: que ha habido discriminación de unos contribuyentes en favor de otros, que eso implica un beneficio y cualquiera puede pensar si eso fue fruto de amiguismo"

Según el PP "hay pruebas claras de que 200.000 millones no han entrado en su momento en las arcas del Estado y los responsables de esa gestión son los que tienen que responder ante la comisión".

En consecuencia, recomendó al portavoz socialista, Juan Manuel Eguiagaray, que pida explicaciones a sus compañeros de partido que fueron responsables de la Hacienda Pública. El PSOE ha exigido hoy una rectificación de sus acusaciones al presidente del Gobierno tras reconocer el secretario de Estado de Haienda la falta de pruebas.

Jaime Ignacio del Burgo pidió a los socialistas que dejen trabajar a la comisión de investigación con tranquilidad y que no hagan de "francotiradores" en esta fase de la investigación dirigida a determinar responsabilidades políticas, diferenciadas de las responsabilidades penales sobre las que se tendrá que pronunciar el juez Garzón.

El Partido Popular indicó su deseo de acceder a los expedientes afectados por los retrasos y achacó a la legislación dictada por los gobirnos socialistas la imposibilidad de consultarlos.

"En cambio los tribunales de justicia pueden solicitar todos los datos que crean precisos y el Gobierno está dispuesto a facilitar a los tribunales cualquier dato que le sea requerido", aseguró.

Por su parte el diputado del PP y miembro de la comisión de investigación, Vicente Martínez Pujalte, calificó de "desfachatez" del Grupo Socialista el que traten de desviar su responsabilidad a funcionarios o contribuyentes. "Los funcionarios", aseguró, "ctuaron bien en todos los casos y lo que no hubo fue voluntad política de resolver los expedientes".