Jaime Ignacio del Burgo, comisionado del PP, explicó que el Gobierno tiene la obligación legal de proteger esos nombres, aunque dejó claro que será el Ejecutivo quien decida. No obstante, señaló que si esto es posible, su formación política es la primera interesada en que la lista se haga pública.

"Me da la impresión de que el PSOE juega de farol (...), si supieran que se van a dar los expedientes, serían los primeros en correr para retirar su petiión", afirmó. De Burgo aconsejó al principal partido de la oposición "que no jueguen con ese tema, porque se pueden abrasar".

Expresó su convencimiento de que, aunque no se lleguen a conocer los nombres de los presuntamente beneficiados, las responsabilidades en la prescripción de expedientes fiscales se van a aclarar. Del Burgo justificó la decisión del PP de que la comisión sea pública con que "no se interprete que intentamos oscurecer lo que ha pasado".

Respecto a las acusaciones de comisionads socialistas de que la información ya remitida por el Gobierno es confusa en cuanto al número de expedientes prescritos, Vicente Martínez Pujalte, también miembro del PP en la comisión, explicó que los 600 expedientes denunciados por Hacienda se remiten sólo a los que se encontraron en la Oficina Nacional de Inspección (ONI) de Madrid, que suman una deuda total de 110.145 millones de pesetas.

Los 202.000 millones de deuda tributaria prescrita se corresponden, en realidad, con 5.244 expedientes procedntes de las ONIs de Madrid y Barcelona y de las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en esas dos ciudades, según las explicaciones de Pujalte.

A su vez, Francesc Homs, comisionado de CiU, afirmó que "probablemente el Gobierno se negará a nominar los expedientes", puesto que la satisfacción de esta petición supondría la vulneración de una información secreta. Para él, el objetivo de la comisión debe ser averiguar si las actas de la inspección han o no prescrito, y si se desprenden responsablidades políticas.

DERECHO A DEFENDERSE

Por su parte, Joaquín Leguina, comisionado del PSOE, justificó la petición de los 600 nombres con que "si Juan Costa (el secretario de Estado de Hacienda) ha tenido acceso, los atacados tenemos derecho a defendernos con las mismas armas". Añadió que "hay que ver si Costa recoge la realidad o la fantasía".

María Teresa Fernández de la Vega, compañera de Leguina en la comisión, señaló sobre este asunto que no tiene por qué haber problemas, puesto que hay "istrumentos suficientes como para que la comisión acceda a unos datos reservados".

Leguina reiteró la confusión de los socialistas en relación con la información ya remitida por el Gobierno. "No sabemos si son 600 los expedientes o 4.000. No aparecen por ningún lado los 600 expedientes por valor de 200.000 millones de pesetas", dijo.

Asimismo, Joan Saura, miembro de IU en la comisión, insistió en que este órgano tiene que trabajar de manera rápida y sin caer "en falsos enfrentamientos". En su opinón, hay que establecer el grado de ineficacia de la Agencia Tributaria, que está beneficiando "a los grandes contribuyentes", y tomar medidas para restablecer la confianza de los ciudadanos en Hacienda.