El Grupo Socialista mantuvo su propueta de aclarar lo que entienden como "calumnias" vertidas por el presidente del Gobierno y por distintos responsables políticos del PP contra la gestión del PSOE.

Por su parte, CiU, que se abstuvo en la votación ante la indiferencia de los populares que "han preferido pactar con IU", según indicó un dirigente nacionalista en los pasillos del Congreso, presentó una enmienda transaccional que el PP ni siquiera trató de negociar con ellos.

El texto de los nacionalistas catalanes pretendía que se maniestara el respeto por el principio de presunción de inocencia, que quedara manifiestamente expuesto que por el momento no está demostrado que los 600 expedientes hayan prescrito y que no se incluya entre los objetivos de la comisión la depuración de responsabilidades políticas de personas o partidos que ya no las tienen.

Esta enmienda no ha sido tenida en cuenta por el PP, que, sin embargo, ha acordado con el resto de los grupos un texto en el que se establece como objeto de la comisión el esclareciminto y determinación de los hechos ocurridos en relación con retrasos en la administración de Hacienda sobre "pérdida total o parcial de derechos".

Esta puntualización significa que el PP acepta introducir un elemento de duda sobre la prescripción de los expedientes afectados por los retrasos.

El texto mantiene, sin embargo, que se determinarán responsabilidades políticas si procede y que se adoptarán las medidas idóneas para evitar que casos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.

Asimismo, e acordó que la comisión de investigación tenga una duración de dos meses y esté compuesta por tres miembros de los grupos mayoritarios (PP y PSOE) y dos de cada uno de los partidos restantes.

Juan Manuel Eguiagaray, en nombre del PSOE, denostó la actitud de los populares por condenarles de antemano sin ni siquiera permitir que la comisión de investigación trabaje. Reiteró su petición de investigar la veracidad o no de las acusaciones de amiguismo hechas por el presidente del Gobierno y aseguró que "n es posible que Aznar mienta y que no pase nada en este país".

Por su parte, el popular Jaime Ignacio del Burgo, aseveró que los socialistas tienen una innegable responsabilidad en los retrasos sufridos en la Hacienda Pública que han provocado la prescripción de expedientes por valor de 200.000 millones de pesetas.

Aunque en todo momento aseguró que el comportamiento de los socialistas no es constitutivo de un delito, si insinuó que hubo una voluntad política de favorecer a ciertos sectores por prte del PSOE.

El cruce de argumentos por parte de los dos portavoces llegó a ser virulento. Desde los bancos populares, cerca de un centenar de diputados presentes respondieron con un "si, lo hemos dicho" a la pregunta de Eguiagaray sobre sus acusaciones de amiguismo contra el PSOE. Mientras, Del Burgo sacaba a colación las supuestas declaraciones de Felipe González en las que acusaba al PP de haber recibido dinero del canal mexicano Televisa "escondiéndose después tras el burladero del Comité Federaldel PSOE".

El único punto que queda por despejar ahora es si la comisión tendrá acceso a conocer la identidad de las personas físicas o jurídicas afectadas por los expedientes. Según los servicios jurídicos de la Cámara sólo se podrá conocer la de aquellos que sean funcionarios públicos, pero los socialistas, en desacuerdo, batallarán porque la comisión tenga acceso a los 600 expedientes.