Dichos informantes precisaron que Hacienda todavía no está en condiciones de avanzar detalladamente los puntos en losque va a incidir el plan, pero señalaron que se centrará sobre todo en los problemas que presentan las oficinas técnicas de la inspección.

Las oficinas técnicas son el departamento donde van a parar los expedientes de la inspección una vez que son recurridos por los contribuyentes. Hasta que no se resuelve el caso, no se dicta la liquidación definitiva. Es aquí donde se han detectado los principales problemas que han dado lugar a la paralización y prescripción de los 600 casos denunciados por el Gobieno.

Las mismas fuentes agregaron que también se tratará de paliar la falta de medios con que cuentan los inspectores para hacer frente a su trabajo.

No obstante, recordaron que también hay problemas en el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que tiene 100.000 expedientes de la inspección pendientes de resolución, por lo que el plan también se tendrá que encargar de este asunto.

La Agencia Tributaria expondrá bajo la consideración de los inspectores fiscales el plan y sus objetivs. Posiblemente esta semana o la próxima se celebrará una reunión sobre este tema y sobre el impacto que ha tenido en el cuerpo la polémica. Los mismos informantes precisaron que antes se tiene que terminar de recabar la documentación solicitada por el juez Baltasar Garzón sobre el caso.

En relación con el plan de choque, fuentes de la Agencia Tributaria recordaron a Servimedia que estará listo a mediados del mes de marzo, tal y como se comprometió el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, en s última comparecencia ante el Parlamento.

Respecto a la comisión de investigación que ha puesto en marcha el Congreso de los Diputados, los portavoces de los inspectores fiscales consultados se mostraron dispuestos a apoyar totalmente a este órgano. Agregaron que todos los funcionarios cuyo testimonio se reclame colaborarán sin problemas.

Estos informantes reiteraron que los inspectores no tienen nada que ocultar, puesto que no han tenido ninguna responsabilidad en la prescripción de los 600 caso. Recordaron que, hasta determinado nivel, los inspectores son funcionarios, pero que a partir de ese nivel se trata de cargos políticos, no de empleados públicos.