El presidente de esta organización, Rafael Cosín, dijo que en febrero de 1995 se empezaron a tomar medidas para agilizar los trámites, a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 1994. "La propia Agencia Tributaria trató de reaccionar y ya se ha hecho. Se están resolviendo los casos en plazos tendentes a cumplir el áximo de 6 meses", dijo.

Sobre esta cuestión, Beatriz Perera, vicepresidenta de Apife, reveló que a partir de 1995 se incrementaron los efectivos con los que cuentan las oficinas técnicas de la inspección, aunque admitió que ya era tarde para los casos más antiguos.

Asimismo, Cosín dijo desconocer la existencia de presiones políticas para dejar de lado determinados casos y propiciar su prescripción. A su juicio, la causa de la posible prescripción de 600 expedientes denunciada por el Gobierno actal se debe a que "la organización no ha reaccionado a tiempo a la avalancha de disconformidades (recursos presentados por los contribuyentes)".

El presidente de los inspectores fiscales puso como ejemplo a la Unidad Regional de la Inspección en Madrid, donde el número de disconformidades presentadas se ha logrado.

También hizo alusión a las 5.000 notificaciones personalizadas que esta oficina tuvo que hacer frente en 1995, con motivo del cambio de normativa inspectora. En un principio, sólo 9 insectores y 30 subinspectores se tuvieron que hacer cargo de ese trabajo.

Respecto a las afirmaciones hechas desde el Gobierno de que ya han prescrito los 600 casos, José Miguel Peña, vocal de Apife, aclaró que "técnicamente no están perdidos", puesto que no existe una sentencia firme del Tribunal Supremo al respecto. Sin embargo, admitió que existen muchas posibilidades de que finalmente se declaren prescritos.

Rafael Cosín insistió en que los inspectores no son responsables de esta paralización. Este Cuerpo presta un gran servicio a la sociedad, por encima de todas las vicisitudes", indicó.