En concreto, la entonces directora de la Agencia Tributaria, Juana Lázaro, dio instrucciones en 1994 y en 1995 al director general del Servicio Jurídico del Estado, Emilio Jiménez Aparicio, para que no recurriese tres sentencias de la Audiencia Nacional que daban la razón a La Caixa.

En una comunicación con fecha del 15 de septiembre de 1994, Lázaro pide a Jiménez Aparicio que retire el recurso de casación que ya se había presentao contra la primera sentencia de la Audiencia (que tuvo lugar el 18 de mayo de ese año).

La justificación que la entonces directora da para tomar esta decisión es que la sentencia "estimó la pretensión de la demandante por considerar que su actuación se ajustó a los términos de la consulta vinculante que, en su día, elevó a la Dirección General de Tributos".

La Caixa presentó en 1989 (cuando se denominaba Caja de Pensiones de Cataluña y Baleares) una demanda por entender que había realizado corretamente las retenciones de IRPF practicadas a algunos de sus productos financieros, puesto que su actuación había sido resultado de una consulta vinculante efectuada ante la Dirección de Seguros.

La Agencia Tributaria le reclamaba en esa ocasión una deuda fiscal de 4.623 millones de pesetas correspondientes al período 1979-1984. La Audiencia Nacional dio en esta primera ocasión la razón a la entidad catalana, por entender que la consulta realizada fue efectivamente vinculante y que no había habido porparte de la Inspección Fiscal actuaciones previas que justificasen la nulidad de la consulta o la falta de veracidad de la misma.

De esta forma, el recurso de casación que ya se había presentado contra el Tribunal Supremo se retiró el 6 de octubre de 1994, como consecuencia de la orden de Hacienda.

La segunda sentencia, que tuvo lugar el 28 de junio de 1993, dio nuevamente la razón a La Caixa, a la que en esa ocasión se le reclamaban 3.517 millones de pesetas de deuda fiscal correspondientes al príodo 1985-86. Nuevamente, el argumento fue que se había producido una consulta vinculante antes de practicar las retenciones por IRPF.

Así, el 8 de noviembre de 1994, la directora de la Agencia Tributaria nuevamente ordenó a los servicios jurídicos del Estado no tomar ninguna medida: "La sentencia objeto de recurso es de semejante tenor a la dictada por el mismo órgano jurisdiccional con fecha 18 de mayo de 1993, siendo demandante la misma entidad", explicaba entonces Juana Lázaro.

La última senencia que favoreció a La Caixa, también por los mismos motivos, tuvo lugar el 20 de diciembre de 1994. Entonces la Agencia Tributaria reclamaba a la entidad catalana 2.636 millones de pesetas por los años 1986 y 1987.

Además, en esta ocasión el tribunal cita un acta de la Inspección Fiscal, con fecha del 13 de octubre de 1987, en el que se hizo constar que en la contabilidad de La Caixa "no se aprecian anomalías sustanciales en orden a la exacción del Impuesto (el IRPF)".

En un escrito dirigido aJiménez Aparicio con fecha del 28 de abril de 1995, Lázaro simplemente dice que "no procede" la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

LA DOCUMENTACION, EN EL CONGRESO

La Secretaría de Estado de Hacienda ha remitido prácticamente toda la información solicitada por la comisión de investigación creada en el Congreso para analizar la prescripción de actas fiscales por valor de 200.000 millones de pesetas, aunque no ha remitido el nombre de ninguno de los contribuyentes afectados

Hacienda se ha justificado por la premura de tiempo para no entregar el cien por cien de lo solicitado. Sin embargo, se han remitido 5.244 expedientes, correspondientes a una deuda total de 202.073 millones de pesetas.

En total, de más de 50 millones de pesetas de deuda, se han entregado 597 expedientes (correspondientes a 541 contribuyentes), por un total de 184.363 millones de pesetas. Además, los diputados de dicha comisión conocerán las actas por valor de 71.000 millones procedentes de prima únicas.

Además, se ha enviado otro tipo de información confidencial solicitada, como los informes de auditoría externa de la Agencia Tributaria, la relación de puestos de trabajo, los planes de inspección, la normativa referente al caso, informes del Tribunal de Cuentas y los estudios sobre la prescripción realizados por la Agencia desde 1992 a 1996.