Ante las preguntas del portavoz del PP, Jaime Ignacio del Burgo, el antiguo responsable de Hacienda aseguró que "en ningún momento" ningún órgano ni servico jurídico le advirtió de que los expedientes pudiesen prescribir si transcurrían más de seis meses entre el levantamiento del acta y la liquidación del mismo.

"Si lo hubiera sabido, habría dicho que se liquidaran en el plazo de seis meses", añadió Gaiteiro. Del Burgo recordó que en un escrito dirigido por el compareciente a los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria, reconocía que podía haber "consecuencias graves" si prosperaban sentencias en la línea marcada por el Tribunal Superior de Justica de Aragón, que a finales de 1992 ya dió por prescrito un expediente por este motivo.

El ex director de la Agencia repuso que su intención fue tan solo advertir al servicio jurídico que estuviese atento a la línea de defensa que tendría que argumentar ante los tribunales.

Reiteró que él no secunda la interpretación dada en febrero de 1996 por el Tribunal Supremo, que abundaba en la interpretación del Tribunal Superior de Aragón, y ratificó que no considera que el período que media entre el levanamiento del acta y su liquidación deba computar a efectos de prescripción del expediente.

Previamente, Gaiteiro fue preguntado por el representante del PSOE, Joaquín Leguina, sobre si ordenó o recibió la orden de paralizar las actuaciones inspectoras en algún expediente. "Por supuesto que no, ni di la orden ni la recibí. Si alguien me la hubiera dado, hubiera respondido: 'hágalo usted que yo me voy'", respondió.