Eguiagaray planteó esta cuestión tras conocer que el fiscal general, Juan Ortiz Urculo, ha ordenado la apertura de diligencias para investigar lo ocurrido con los 600 expedientes fiscales que, según el Gobierno, han prescrito por negligencia de la anterior administración.

Según dijo, "no se lo que va a hacer el fiscal general del Estado, pero tiene encima de la mesa algo muy evidente: las acusaciones gravísimas hechas por el presidente del Gobierno, por el ministro de Economía y acienda y por otros responsables del Partido Popular que hoy se sabe, han sido hechas sin pruebas".