En declaraciones hoy en el Congreso, el portavoz socialista se preguntó "qué está haciendo el Gobierno, además de acusar, calumniar y denunciar al Gobierno socialista anterior y al PSOE, para cobrar los 200.000 millones de pesetas".

Eguiagaray recordó que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó en su día que los 200.000 millones habían prescrito, al tiempo que dio instrucciones a los servicios de Hacienda para que los cobrase. "Ambas cosas no pueden ser, porque no se pueden dar instucciones para que se cobre aquello que está prescrito".

Para el ex ministro socialista, "es evidente que el Gobierno sólo ganará esta batalla política si pierde el dinero". "La prueba es que", agregó, "desde el 14 de enero, fecha en que el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, realizó las primeras acusaciones, hasta hoy, no ha habido ni una sola acción eficaz para tratar de defender los 200.000 millones".

En relación a la polémica jurídico-política generada en torno a la prescripción o node los expedientes, el portavoz socialista recordó que en enero de este año ya se sabía que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) aplicaba por primera vez la doctrina de la prescripción a un caso (el de Cofir).

Eso tuvo lugar en diciembre de 1996 y en la resolución de dicho tribunal se decía textualmente que "no existía jurisprudencia que fuera de aplicación". "De hecho", explicó Eguiagaray, "dicha resolución decía que la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1996 no constitye jurisprudencia, a tenor de lo que dispone el Código Civil".

"Por lo tanto", continuó, "es como decir que el Tribunal Económico Administrativo Central ya decía que no existía jurisprudencia aunque, no obstante, aplicaba una doctrina manifiestamente dañina a los intereses de la Hacienda Pública".

Eguiagaray subrayó que, "si esto (el TEAC) fuera un tribunal de justicia nada podría hacer la Administración, porque ningún poder tiene la Administración sobre un tribunal de justicia, pero un órgano adinistrativo, como es jurídicamente el TEAC, sí puede modificar su criterio precisamente por la actuación de la Administración".

En ese sentido, el PSOE presentó hace unas semanas una proposición no de ley instando al Gobierno, y en concreto al secretario de Estado de Hacienda, a que produjera la declaración de lesividad, trámite administrativo necesario para anular la resolución del TEAC que daba la razón a la compañía Cofir.