Por ello, la representación socialista en la comisión de investigación ha enviado una carta al presidente de la misma, el peneuvista Jon Zabalía, en la que hace notar "las graves anomalías" que ha detectado y estima "imposible" proceder a un "análisis con un mínimo de rigor", por lo que solicita que se reconsideren los plazos y las convocatoras previstas para el inicio de sus trabajos.

Tras un primer análisis de la documentación enviada por Hacienda al Palamento, el PSOE estima que un importante número de los expedientes que figuran en las listas remitidas por el Gobierno no están prescritos porque no se ha tenido en cuenta el período de alegaciones que alarga en un mes los trámites de liquidación, su acta de liquidación ha sido firmada en día festivo, algunos han sido pagados y no están recurridos, no ha sido superado el plazo de prescrición de los seis meses o simplemente no existen.

Los socialistas han analizado especialmente los expedientes de la Oficina Nacional de Inspección de Madrid y Barcelona. En el primero de los casos hay 97 expedientes afectados por la falta de cómputo del período de alegaciones, el mismo caso en el que se encuentran 163 de las actas que afectan a contribuyentes de Cataluña.

De la documentación enviada por el Gobierno se desprende que 151 expedientes, por un montante de 33.000 millones de pesetas, sehan dictaminado en el día de Año Nuevo, el de Todos los Santos o el día del Trabajo, todos ellos festivos.

Asimismo, la lista incluye, según el PSOE, 27 expedientes que presuntamente prescribieron tras la llegada al poder del PP, en contra de lo declarado hasta ahora por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, que ha reiterado en diversas ocasiones que la administración popular no ha superado el plazo de prescripción en ningún caso desde su llegada al poder.

Otro de los errores detectado por los socialistas en la documentación es la inclusión de un expediente por una deuda de más de 15.000 millones de pesetas que, según dijo Leguina, afecta a "una empresa ligada al BBV" y que está en los tribunales por un conflicto de competencias entre la Hacienda vasca y la central y que, por tanto, "no tiene nada que ver con el asunto que aquí se está tratando".

Leguina ha atribuido estos "gravísimos" fallos en los datos facilitados por el Ejecutivo a "error o mala fe" del Gobierno que, a su juici, trata de impedir que la comisión de investigación llegue al fondo de este asunto.

"Esta comisión no puede trabajar en estas condiciones. No sabemos en que mar nos quiere meter el Gobierno, pero lo que está claro es que quiere crear confusión para que no se aclare este asunto, quieren hacer de la comisión una guinda que no sirve a ningún pastel", aseguró el diputado socialista.

Denunció, asimismo, que ninguno de los expedientes esté adscrito a la Unidad de Vigilancia y Represión del Fraude Fisca, como sería de esperar en casos de esta naturaleza, circunstancia que achaca al hecho de que el actual director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, haya ocupado el cargo de jefe de dicha unidad bajo mandato socialista.

Para poder iniciar los trabajos de la comisión, los socialistas reclaman un detallado conocimiento de la vida administrativa de cada expediente y solicita a la comisión que pida de nuevo los datos precisos al Gobierno.