Tras constatar que esta polémica ha devuelto a la vida política "el clima de crispación" de otros tiempos, Homs dijo que de las explicaciones de Costa "no se desprende que existieran actuaciones dolosas, prevaricación, ni favoritismo hacia determinados amigos" del Ejecutivo socialista durante su mandato.

Asimismo, advirtió al Grupo Socialista que sus acusacones contra las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno que, según el PSOE, están destinadas a favorecer a los "amigos" del PP, no son "consistentes", por lo que retó tanto al Ejecutivo como al primer partido de la oposición a acudir a los tribunales o a "abandonar esta jerga política" basada en "acusaciones e improperios" que sólo sirven para "confundir y crispar" a la sociedad.

Homs se negó a aceptar que "nada haya pasado"; al contrario, juzgó que lo ocurrido en la Administración de Hacienda es "rave e importante" y requiere una explicación pública que permita restaurar la seguridad jurídica de los ciudadanos y la credibilidad de la Hacienda Pública.

Precisó que, su juicio, no es demostrable que los retrasos ocurridos hayan sucedido por voluntad expresa de algún responsable político, pero seáló que no puede asegurarse lo mismo en cuanto a que no haya habido "negligencia o dejación de responsabilidades".

En cualquier caso, consideró que estos sucesos necesitan de un esclarecimiento absoluo y de la depuración de responsabilidades en las personas que directamente fueran responsables de los mismos y que en ningún caso "es el Gobierno actual".

El dirigente nacionalista explicó que los criterios jurídicos están claros desde hace tiempo y que la Agencia Tributaria "erró en su valoración" al seguir actuando como si las orientaciones de los tribunales no hubieran cambiado.

"Hacienda no quiso rectificar para no favorecer las resoluciones de los tribunales en contra de su interpretación dotrinal y ese error debe ser valorado por esta Cámara y debe tener unos responsables", indicó.

Para esclarecer este asunto, CiU ha decidido no oponerse a la creación de una eventual comisión de investigación en el Congreso que ya ha sido pedida por el Partido Socialista y apoyada por IU, PNV y el Grupo Mixto.

Asimismo, Convergència ha defendido la adopción de medidas de reforma por el Congreso para cambiar el procedimiento de la Agencia Tributaria, evitar que "dentro de un año también prescriban atas incoadas por el actual Gobierno" y ofrecer garantías a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones tributarias.