En declaraciones a Servimedia, Sánchez exigió asimismo al Gobierno y a los responsables de Economía y Hacienda que, si no son fundadas sus "gravísimas" acusaciones hacia el anterior Gobierno del PSOE, rectifiquen públicamente "reponiendo en su sitio el prestigio y el buen ombre de la Administración Tributaria y la dignidad de sus empleados públicos".

Sánchez puso de relevancia el daño que esas acusaciones pueden producir en la imagen de los servicios públicos en su conjunto, y de la Administración Tributaria y los empleados públicos en particular. Insistió en que la lucha contra el fraude fiscal es una función pública que no puede quedar "ensombrecida y bajo sospecha" por la alarma social creada por estas graves denuncias.

Además, CCOO, que pide al Gobierno que inorme a la opinión pública de las acciones jurídicas que haya emprendido o piense emprender, reclama que si el impago de estas obligaciones fiscales ha sido utilizado para justificar la congelación salarial de los funcionarios, cualquier ingreso que pueda derivarse de este asunto se dirija a subir los salarios a los funcionarios.

El responsable de la Federación de Administración Pública instó también a los grupos parlamentarios a que apoyen cualquier iniciativa que vaya encaminada a clarificar "esta laentable y gravísima situación". A su juicio, la creación de una comisión de investigación en el Congreso es en este caso, "más que una necesidad, un imperativo del sentido común y de la responsabilidad".