Durante una larga comparecencia que se prolongó por espacio de más de cuatro horas, aseguró que bajo su mandato no se produjo la prescripción de actas, puesto que entonces la fase de liquidación de las mismas no computaba a efectos de un período máximo en el que tuvieran que estar resueltos. "Todos los expedientes se resolvieron en plazo, porque no había plazo", indicó.

Por tanto, afirmó que no era consciente de que en ningún momento pudieran estar en peligro las actas de la inspección."Si hubiera visto riesgo de prescripción, hubiera reabierto los expedientes".

Bravo basó su intervención en que durante la época en la que él ocupó este cargo no había indicios de que posteriormente los tribunales considerasen prescritos aquellos casos en los que la actuación de la inspección estuviera paralizada durante más de seis meses, contabilizándose además los períodos de liquidación. En caso contrario, dijo que hubiera actuado, porque "podíamos ser distraídos, pero no bobos".

Señaló que é desconocía que esto pudiera llegar a suceder y afirmó que la interpretación que se daba a la normativa es que la actuación inspectora finalizaba con la firma del acta, y que por tanto no contabilizaba el período entre el levantamiento del mismo y la formulación de la liquidación por parte de la oficina técnica de la inspección.

En relación con la aparición en 1993 de un informe de la Subdirección de Ordenación Legal que admitía que existían graves riesgos de que prescribiesen los expedientes si estabn paralizados más de seis meses, afirmó que duda de que exista en realidad este documento, puesto que el entonces subdirector de Ordenación Legal tampoco tiene constancia de que emitiese informe alguno, por lo que dijo que este asunto no le "cuadraba".

Bravo aseguró que, de haberse detectado una actitud firme por parte de los tribunales sobre el asunto de la prescripción, él hubiese dado instrucciones precisas para que la inspección actuara dentro de plazo. Recordó que en 1993 sólo había aparecido unasentencia en este sentido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Preguntado por Joan Saura, comisionado de IU, sobre si en su opinión los expedientes han prescrito, reconoció que, dada la jurisprudencia actual, existe mucho riesgo de que esto ocurra.

NADIE LE PREGUNTO

El antiguo responsable de la inspección fiscal lamentó que, con la aparición de esta denuncia por parte del actual Gobierno, ningún alto cargo de la Administración Tributaria se haya puesto en contacto con él (actulmente funcionario en la Oficina Nacional de Inspección de Madrid) para aclarar el asunto, y manifestó su sorpresa por este hecho.

Asimismo, Manuel Bravo aprovechó su intervención para defender su gestión al frente de esta Dirección General. En su opinión, la acumulación de recursos contra Hacienda al principio de los años 90 se debe a "los éxitos de la actuación inspectora" en los años 80, puesto que pasaron a disponer de más medios técnicos y de más información. Admitió que esto produjo una acumulacón de procedimientos judiciales en las dependencias de la administración tributaria.

Justificó la lentitud con la que se resolvían algunos casos con que en la actuación de la inspección "no primaba la celeridad, sino la seguridad de que se estaba actuando bien".

En relación con el caso de las primas únicas, explicó que sólo en un caso se pudo actuar con prontitud, porque la Dirección General de Seguros propuso que la entidad emisora del producto financiero dejara de ser una aseguradora, lo que faicitó el proceso. Desgraciadamente, esto no pudo ser así en el resto de los casos.