Bermejo, que compareció durante una maratoniana jornada de casi seis horas, precisó que ni tan siquiera el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, ha tenido acceso a los nombres, por lo que cualquier especulación sobre los presuntos beneficiados o sobre si se produjo amiguismo "no puede venir de la Agencia Tributaria".

Fue icluso más lejos y aseguró que ni él ni el resto de los funcionarios de la Agencia se fijaron en los nombres de los titulares, porque "no nos preocupan los cotilleos de contribuyentes".

El actual director de la Agencia, que fue responsable de los Servicios Especiales y de la Unidad de Fraude Fiscal de 1993 a 1996, fue preguntado sobre si esos departamentos fueron susceptibles de presiones de amiguismo bajo el Gobierno socialista y respondió: "Eramos un equipo correoso y pétreo frente a cualquier influecia externa. Me parece muy difícil que allí se diera una presión o influencia".

La representante del PSOE, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en saber si las filtraciones sobre expedientes aparecidas en los medios de comunicación proceden del departamento dirigido por él, a lo que repuso que "los nombres y expedientes aparecen siempre con datos y valoraciones ajenos a la Agencia Tributaria, lo que me hace pensar que no han salido de allí". Insistió en que en este asunto se están aplicando "riurosísimos" controles.

DIMISION

El portavoz de IU, Joan Saura, protagonizó un durísimo debate con Bermejo, de quien llegó a solicitar a título personal la dimisión por conducir a la comisión de investigación "a un callejón sin salida". El diputado aseguró que la salida del actual director sería necesaria para "restañar las heridas" causadas en Hacienda por esta polémica.

Saura acusó al responsable de la Agencia Tributaria de "opacidad y ocultismo sistemático" por la dilación y el confusionismo on los que se han remitido a la comisión documentación relativa a los expedientes prescritos en la Unidad de Fraude (en la que Bermejo fue jefe).

Ante la explicación del director de que se trataba de una información que él juzgó como "marginal", el diputado de IU le recordó que la prensa ha publicado que Bermejo se llevó durante varios días esa documentación para examinarla personalmente. "¿Se dedica usted a leer marginalidades?", ironizó el parlamentario catalán.

Respecto a la información publicda hoy en un medio de comunicación sobre una documentación que el propio Bermejo se llevó de la Unidad de Fraude Fiscal, éste afirmó, bastante irritado ante las insistentes preguntas de María Teresa Fernández de la Vega, que se trata de una información "tergiversada".

Enfatizó que es una "falsedad" que él pidiera la documentación al actual jefe de la Unidad de Fraude y que éste se la negase. "Es una indignidad que afecta a mi buen nombre", dijo. Insistió en que no tiene nada de extraño que acuda, aunqe sea de noche, a una oficina de la Agencia Tributaria y señaló que en todo momento se trataba de visitas oficiales.

CONOCIA EL RIESGO

Bermejo contradijo a la ex directora de la Agencia Juana Lázaro, y aseguró que él no recibió instrucciones para tratar de eliminar el riesgo de prescripción en los expedientes fiscales. Afirmó, no obstante, que él ya conocía desde 1991, gracias a un informe de la Dirección de Tributos, que existía este peligro.

Según sus palabras, un superior suyo y él comentaro al leer este documento: "Está clarísimo, los seis meses de prescripción abarcan la fase de liquidación". Ante las preguntas de la diputada del PSOE, señaló que advirtió a sus superiores sobre esta cuestión, aunque no por escrito.

También dijo conocer un polémico informe de la Subdirección de Ordenación Legal de 1993 en el que se avisaba también del riesgo y que, según él, fue distribuido al menos de forma oficiosa. Reconoció que no estaba firmado, pero dijo que esto es lo habitual en estos casos.

Distintos responsables de la inspección fiscal y de la Agencia durante la etapa socialista han declarado ante la comisión que dicho informe no existió como tal, puesto que no fue firmado ni distribuido.

Asimismo, al ser interrogado por el PP, Jesús Bermejo reveló que un informe de febrero de 1994 de la Subdirección General de Organización y Planificación de la Agencia, concretaba que los riesgos de prescripción podían desaparecer "tan solo adoptando las medidas organizativas precisas".

Esta afiración provocó las airadas protestas de Sergio Moreno, otro comisionado del PSOE, quien puso de manifiesto que se había realizado una lectura parcial del referido informe.

Dicho documento, efectivamente dice que podría haber "un problema de grave daño susceptible de resolver tan solo adoptando las medidas organizativas precisas", si bien precisa que estas iniciativas deben tomarse "al efecto de concretar que las actuaciones inspectoras terminan con las actas". Esta es precisamente la tesis que defiende los antiguos responsables de la Administración socialista para argumentar que los expedientes fiscales no han prescrito.