Con esta actitud queda en evidencia que el apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno deJosé María Aznar (CiU y PNV) no es incondicional, sino que estará supeditado a las explicaciones que ofrecerá la próxima semana el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, en la comparecencia urgente que aprobó hoy por unanimidad la Diputación Permanente del Congreso.

El portavoz de CiU, Francesc Homs, aseguró en la Diputación que su grupo "no se va a inhibir" del debate político sobre el fondo de la polémica, pero "no queremos tomar parte en una dialéctica de acusaciones cruzadas porque lo serioes conocer primero los argumentos del Gobierno".

Homs advirtió asimismo que "nadie" debe buscar a CiU "para hacernos cómplices de una estrategia política" y se dirigió a los socialistas para asegurarles que comprende su indignación y sus deseos de acudir a los tribunales para dejar a salvo su honor.

Del mismo modo PNV e IU aseguraron que por sus manos no han pasado tantos datos como por las de los grupos que son sostenedores del actual gobierno y del anterior, por lo que reclamaron un pronto esclrecimiento de la polémica para poder exigir responsabilidades políticas a quién proceda.

No fue aprobada, sin embargo, la comparencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, que había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista y rechazada por el PP. El resto de los partidos con representación parlamentaria han preferido esperar a conocer los datos por boca del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, antes de solicitar explicaciones a Rato.

INDIGACION SOCIALISTA

A pesar de que la Diputación Permanente no tienen capacidad para entrar en el fondo de las cuestiones, hoy se ha producido un intenso debate entre populares y socialistas en el que han quedado claras las posturas de cada uno.

Joaquín Almunia, portavoz del Grupo Socialista, exigió una rectificación por parte del Gobierno, por entender que sus acusaciones "falsas" sobre la actuación de los antiguos responsables de la hacienda pública serían constitutivas del delito de prevaricación

Tras reconocer su "indignación", el portavoz socialista consideró "intolerable" la actuación de Aznar, de Rato, del portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, y del coordinador del PP, Angel Acebes; y les advirtió que el PSOE pedirá responsabilidades políticas por su actitud "irresponsable".

Les instó a que hicieran pública la lista de las 600 personas o entidades afectadas por los expedientes y acusó al Gobierno de hacer dejación de las actuaciones necesarias para cobrar las deudas a los defrudadores y de minar la confianza de los ciudadanos en la actuación de la Administración tributaria.

Almunia recordó que el Gobierno popular tenía ya toda la información al respecto de esos expedientes en mayo, cuando se hizo el traspaso de poderes, y aludió a la sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer sobre este particular que no significa la consolidación de la jurisprudencia a favor de la prescripción.

Ante la insistencia de Almunia que increpó en varias ocasiones a De Grandes y Acebes porsu supuesto conocimiento de la lista de afectados, ambos dirigentes populares tomaron la palabra en dos ocasiones y reprocharon al portavoz del PSOE que su grupo tratara de judicializar este asunto acudiendo a los tribunales y que no respetara la libertad de expresión del PP, ni la transparencia informativa de la que había hecho gala el Gobierno.

Ambos diputados del PP reiteraron su convencimiento de que las personas afectadas por estos 600 expedientes son "amigos" del PSOE, aunque en todo momento negron conocer la lista que está protegida por el principio del secreto.

Asimismo, el portavoz de Economía popular, Ramón Aguirre, advirtió que los efectos de este "agujero tributario" se dejará sentir en los presupuestos de gastos del año 1997 y de años sucesivos de manera progresiva.