Según algunas informaciones difundidas hoy, Hacienda investiga al colectivo de empresas concesionarias de automóviles y las dedicadas a la compraventa, ante las sospechas de que no hayan pagado el impuesto del valor añadido (IVA) en la venta de coches usados al declarar la venta como operaciones entre particulares.

El responsable de Otaysa, empresa dedicada a la venta de coches nuevos y usados, explicó a Servimedia que los concesionarios y las empresas de compraventa de vehículos están bligados a pagar al Estado un 15 por ciento del beneficio que obtienen en la compraventa del vehículo en concepto de IVA. Si la compraventa se realiza entre particulares, el comprador tributa un 4 por ciento del precio pagado en el impuesto de transmisiones.

El presidente de Otaysa explicó que su empresa siempre que compra un coche usado lo pone a nombre de Otaysa y cuando lo vende después carga en el nuevo comprador el IVA, que en este caso es especial y se calcula sobre la diferencia entre el preciode compra y el de venta del vehículo.

También es "perfectamente legal", según Gómez Pintado, que una persona acuda a un concesionario o empresa de compraventa y entregue su coche en comisión de venta para que le encuentren un comprador, pero sin ponerlo a nombre del concesionario o empresa. En ese caso, el concesionario o la empresa deberá pagar un 15 por ciento de la comisión que percibe por buscar el comprador.

Según Gómez Pintado, lo ilegal es lo que hacen algunas empresas de compraventa, que eciben una transferencia en blanco firmada por el vendedor del coche, se la dan a firmar al nuevo comprador como si fuera una operación entre particulares y "lo que gana se lo queda y se lo lleva a su casa y no paga los impuestos".

DINERO NEGRO

Para Gómez Pintado, "el problema está más en el dinero negro que en el impuesto". Aseguró que Hacienda ingresa más cuando los vehículos se venden entre particulares que cuando los compran los concesionarios y empresas de compraventa y después lo comercializan al tiempo que destacó que a quien se perjudica es al usuario, que paga más impuestos.

Gómez Pintado indicó que el beneficio que obtienen los concesionarios y empresas de compraventa al vender un vehículo de segunda mano no suele superar el 10 por ciento del precio de venta del coche al segundo comprador. En 1993 se vendieron unos 700.000 coches usados, a un precio medio de alrededor de 800.000 pesetas, lo que supone un total de 560.000 millones de pesetas.

Según los cálculos de Gómez Pintado, siestos coches se hubieran vendido todos entre particulares el Estado hubiera ingresado un 4 por ciento de los 560.000 millones, lo que significaría un total de 22.400 millones de pesetas.

Sin embargo, si el concesionario o empresa de compraventa los hubiera puesto a su nombre y vendido después, habría ingresado un 15 por ciento del beneficio obtenido por el concesionario o la empresa, que, según Gómez Pintado, no supera el 10 por ciento de los 560.000 millones de pesetas. De esta manera, Hacienda ingrearía un 15 por ciento de 56.000 millones, que supone 8.400 millones de pesetas.

"El Estado gana más dinero de esta otra manera y le interesa que siga como está. Hacienda sabe perfectamente lo que está pasando, pero como no le perjudica, se calla, simplemente", indicó Gómez Pintado. "El problema es que Hacienda no se beneficia por el dinero negro", añadió.

El reponsable de Otaysa está convencido de que la práctica de llevarse el dinero y no pagar los correspondientes impuestos no se realiza en lasgrandes empresas, ya que "se enteraría todo el mundo". A su juicio, esta práctica se realiza en las pequeñas empresas, donde hay un menor control.

"A Otaysa lo que le interesaría es que esto saliera a la luz, porque nosostros nos vemos perjudicados en relación con las pequeñas empresas de compraventa. Ojala todas tuvieran que poner el coche usado a su nombre. No lo hacen porque se llevan el dinero negro a su casa y punto", concluyó.