La finca, de 5.000 hectáreas, fue adquirida por el agente de bolsa madrileño Juan Mojardín en abril de 1987 por un importe de 360 millones de pesetas, según consta en el escrito dirigido por los adquirentes al director general del Instituto Andaluz de Reformas Agrarias (IARA) en Jaén el 1 de abril de 1987.

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta emitió el 29 de marzo de 1988 una resolución relativa al ejercicio del derecho de retracto sobre la finca, pero todavía no ha recibido respuesta por parte del alto tribunal.

El portavoz del Grupo Socialista, José Caballos, explicó hoy que la finca es l último latifundio de la zona de Sierra Morena, ya que sus actuales dueños la dedican única y exclusivamente a su disfrute personal y al ejercicio de la caza prohibiendo el acceso de los ciudadanos.

"Está cerrada a cal y canto cuando se podrían generar entre 15.000 y 20.000 jornales", dijo. A su juicio, la finca no desempeña el papel social y recreativo que debiera corresponderle en una comarca con los más altos niveles de desempleo de Andalucía.

"Esto es una manifestación de que todavía sigue eistiendo una concepción de la propiedad caciquil y egoísta que choca completamente con la concepción que la Constitución da al derecho de la propiedad".

Los alcaldes de los tres municipios afectados de la comarca de El Condado recordaron que el Gobierno andaluz puede paralizar una transmisión de patrimonios entre particulares, gracias a la preferencia que le otorga el derecho de retracto. Según los alcaldes, la finca podría estar valorada actualmente en mil millones de pesetas.