Torres indicó a Servimedia que el proyecto es "positivo en cuestiones como la discriminación positiva de la mujer en el entorno laboral, pero cojea en materia penal".

Así, explicó que la pretensión de que el denunciado por conducta discriminatoria tenga que probar su inocencia, tal y como baraja el Ejecutivo, "no cuadra con el principio legal de presunción de inocencia", por lo que, en principio, y tal y como está redactado, "no podría salir adelante".

"En materia laboral no hay problema", declaró Torres, "porque el Tribunal Constitucional ya lo ha admitido (la práctica de discriminación positiva a la mujer) como acorde a la Constitución".