La Ley contra la Discriminación de los Discapacitados de 2005 es la legislación sobre discapacidad más amplia aprobada en el país vecino en los últimos 20 años, cuya aplicación está entrando en vigor de forma progresiva a través de decretos.

En una rueda de prensa celebrada con motivo del primer aniversario de la aprobación de la ley, Bas recordó que un 30% de las personas con discapacidad están desempleadas en Francia, y manifestó su voluntad de reforzar las disposiciones laborales de esta legislación.

Para ello el responsable de Asuntos Sociales ha anunciado un incremento del presupuesto destinado a las empresas adaptadas, que pasará de los 18 millones de euros de 2005, a 30 millones de euros durante este año. Estas estructuras, que antes se denominaban talleres protegidos, ofrecen empleo a unos 20.000 trabajadores con discapacidad en Francia.

A pesar de ello, UNAPEI, asociación dedicada a la ayuda a las personas con discapacidad psíquica, considera que esta financiación es insuficiente.

Otros aspectos de la ley también han suscitado polémica, éste es el caso de la pensión de garantía de ingresos para personas con discapacidad, que permite a sus beneficiarios percibir un 80% del salario mínimo interprofesional, y que según la Asociación de Accidentados tiene unas condiciones de acceso muy restrictivas.