Actualmente unas 700.000 personas se encuentran bajo tutela en el país vecino, y cada año 68.000 personas más se acogen a este sistema jurídico, creado en Francia en 1968 para ofrecer protección a personas con sus facultades físicas y mentales gravemente disminuidas, bien por su discapacidad o debido al deterioro causado por la edad.

La reforma tiene como objetivo corregir la utilización incorrecta de este régimen jurídico, que en algunos casos se ha aplicado a personas con dificultades financieras y de inserción social.

Para ello, el proyecto de ley establece un "principio de necesidad", con el fin de que la tutela sólo se constituya sobre personas verdaderamente incapacitadas. Es decir, que este régimen jurídico sólo podrá aplicarse, a partir de ahora, en el caso de que la alteración mental o corporal esté documentada mediante un certificado médico.

En los casos en los que el estado físico y psíquico de la persona no justifique la constitución de la tutela, se propone el acompañamiento social personalizado como alternativa. Este acompañamiento deberá quedar plasmado en un contrato entre la persona en dificultad y los servicios sociales locales.

Asimismo, la reforma contempla la suspensión de la tutela si la persona recupera la autonomía necesaria. También se reforzarán las medidas para el control de la actuación de los tutores, a fin de evitar los abusos.

Otro punto clave de la reforma es la "orden de protección futura", que permitirá a los padres de hijos con discapacidad establecer medidas de protección de sus hijos cuando ellos fallezcan.

Estas medidas pretenden mejorar cualitativamente este sistema de protección, interesándose en la persona y el respeto a sus derechos y su voluntad, y no sólo en su patrimonio. La reforma supondrá un incremento del coste de este dispositivo de 402,7 a 496 millones de euros anuales

El proyecto de ley será examinado por la Asamblea Nacional francesa el próximo 16 de enero, y se prevé que entre en vigor a partir de enero de 2009.