Dichos decretos definen la misión de las empresas de trabajo adaptado, nueva denominación de los talleres de empleo protegido, y de los centros de distribución de trabajo a domicilio, dos estructuras cuyo objetivo es ofrecer empleo a personas con discapacidad, aunque también podrán contratar un 20% de trabajadores sin discapacidad en función de sus necesidades de producción.

Las nuevas disposiciones establecen el contenido del contrato de objetivos que deben elaborar estos establecimientos trienalmente, que deberá recoger, entre otros datos, sus objetivos económicos, el detalle de sus actividades y las modalidades de acogida, seguimiento y mantenimiento del puesto de trabajo de los empleados con discapacidad.

También fijan el montante de las ayudas por puesto de trabajo en dichos centros, que pueden ascender al 80% del salario mínimo interprofesional, y contemplan la posibilidad de ceder trabajadores, siempre que éstos estén de acuerdo, a otras empresas.

En caso de cesión, el centro de procedencia seguirá teniendo derecho a las ayudas económicas y subvenciones correspondientes a los puestos cedidos, y podrá contratar a otros asalariados con discapacidad para cubrirlos.

Si es el trabajador quien causa baja voluntaria para incorporarse a una empresa ordinaria, tendrá preferencia de contratación durante un año, si decide volver a su antiguo puesto.

Las disposiciones recién aprobadas establecen que las empresas ordinarias que incumplan la cuota de contratación de discapacitados (6% para las empresas de más de 20 trabajadores) tendrán que pagar el equivalente a 50 veces el salario mínimo interprofesional por cada uno de los puestos que no se hayan cubierto.

Además, el ministro de la Seguridad Social, los Mayores y las Personas con discapacidad, Philippe Bas, ha anunciado recientemente un incremento de los créditos para la empresas adaptadas, que recibirán 30 millones de euros durante el presente año, frente a los 18 millones de euros de 2005.