Según el "Observatorio de Relaciones Industriales", editado por el Consejo Económico y Social (CES), el anteproyecto galo incluye además otra serie de medidas para luchar contra la precariedad en el empleo.

El proyecto contempla la obligación de que los responsables sindicales de cada empresa sean informados de cualquier actividad o anuncio de la compañía que pueda tener incidencia socal.

Además, prevé mayores niveles de control sobre las empresas que abusen de la contratación temporal. "Si los contratos son temporales, tienen sentido para cumplir misiones de corta duración; no es aceptable que las empresas los utilicen de manera permanente en empleos permanentes", dijo la ministra gala.

Finalmente, el anteproyecto de ley incluye también medidas penales contra el empleo precario cuando, por ejemplo, vulnere el principio de igualdad salarial entre trabajadores temporales y fijo o cuando falte el contrato por escrito en la relación laboral.