La nueva legislación contempla tanto los préstamos para actividades profesionales, como los solicitados a título privado para adquirir bienes inmobiliarios y productos de consumo, así como los seguros asociados a los mismos.

Sus disposiciones amplían las posibilidades de las personas con riesgos elevados de salud de obtener un crédito y los productos del sector asegurador asociados a los mismos, incluidos los seguros por invalidez.

También limitará el montante de las sobreprimas por motivos relacionados con el estado de salud, agilizará los procesos para la concesión o denegación de los seguros asociados a créditos e implantará un sistema de mediación en caso de litigio.

El texto se basa en el contenido del acuerdo firmado el pasado 6 de julio por los ministros de Asuntos Sociales y Economía del país vecino, con las federaciones de profesionales de banca, de seguros, de las mutuas y las asociaciones de enfermos, con el fin de facilitar el acceso a los productos bancarios, y los del sector asegurador asociados a los mismos, a las personas que tienen, o han tenido, problemas de salud.

Asimismo, instaura una comisión de seguimiento, compuesta por las partes firmantes de este acuerdo, que evaluará la aplicación de la ley y presentará un informe al Parlamento y al Ejecutivo galo.