Manuel Fraga calificó esa condición de Pujol como una "imposición injusta e inadmisible", y añadió que es también una "presión lamentable, inoportuna e injusta". En la rueda de prensa que siguió a la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente de l Xunta reiteró que las palabras del primer mandatario catalán forman parte de "una imposición política inadmisible", al tiempo que se mostró convencido de que el propio Pujol "tendrá que reconsiderar su posición".

Fraga estimó que la propuesta de Jordi Pujol es "increíble y atrevida". El presidente de la Xunta afirmó que ya habló con el presidente nacional del PP de este conflicto y añadió que José María Aznar le garantizó que no cederá ante las presiones de Convergencia i Unió y que defenderá la postra del Gobierno gallego.

Según Fraga, la exigencia de Pujol "no es fumable y no será fumada, siguiendo la política anti-tabaco y antidrogas de la Xunta".

Manuel Fraga insistió en que "ni ésta ni ninguna otra operación de chantaje a la Xunta será aceptada en ningún caso". También criticó a Pujol por considerar que el titular de la Generalitat entiende que sólo su comunidad autónoma tiene pleno derecho para defender sus intereses.

Por otro lado, el presidente de la Xunta de Galicia recordó queel acuerdo para la cesión del 15% del IRPF mediante un procedimiento de presión política "absolutamente inaceptable", por la necesidad del PSOE de obtener respaldo de CiU a los presupuestos generales del Estado.

La presidencia de la Xunta difundió además un comunicado en el que insiste en que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el acuerdo para el traspaso del 15% del IRPF está "solidamente fundamentado y acredita plenamente la inconstitucionalidad" de los preceptos recurridos.

Faga dijo que el PP no descarta alcanzar acuerdos con CiU, pero advirtió que nunca se realizarán a costa de la Xunta. El presidente gallego no quiso pronunciarse sobre las motivaciones de Pujol, que podrían estar en el temor a que el Constitucional dé la razón a la Xunta en este caso, como ocurrió recientemente con un recurso contra la supresión de las cámaras de la propiedad urbana.

Fraga estimó que las negociaciones políticas tienen que ser permanentes entre las diferentes comunidades autónomas, peroadvirtió que intentar coaccionar, como en este caso, es algo que nunca podría ser de recibo.

A juicio de la Xunta, el acuerdo del traspaso del IRPF es inconstitucional por vulnerar los principios de coordinación y solidaridad consagrado en los artículos 138, 156 y 158 de la Carta Magna y en la LOFCA.

El acuerdo, para el Gobierno gallego, introduce un elemento perturbador en la neutralidad que debe regir la financiación básica de las comunidades autónomas, una neutralidad que se quiebra "beneficiádose a las comunidades más desarrolladas".