Aunque ambas partes aseguraron que confiaban en alcanzar un acuerdo al comienzo de la reunión, al término de la misma, se vieron obligados a constatar su "fracaso".

El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, mantuvo un encuentro esta tarde en el Minsterio de Administraciones Públicas con el consejero de Presidencia de la Junta de Adalucía, Gaspar Zarrías, al que ofreció asumir las competencias sobre políticas activas de empleo a partir de mayo de 2003 y pagar "de inmediato" los 90,25 millones de euros que, según la Audiencia Nacional, debe pagar el Estado a la Junta en concepto de liquidación del modelo de financiación entre 1997 y 2001.

Ninguna de las dos partes fueron capaces de lograr un consenso. Según Zarrías, ello fue debido a la "falta devoluntad política" del Ejecutivo central y a su "marcha atrás" en el principio de acuerdo alcanzado por el presidente andaluz, Manuel Chaves, y el titular de Administraciones Públicas, Javier Arenas, el pasado 2 de diciembre.

Según el consejero de Presidencia andaluz lo que ha tratado de consensuar Administraciones Públicas es "un trágala" para Andalucía, fruto de la "actitud cicatera" del Gobierno, que resultaba inaceptable para el Ejecutivo autónomo.

Para Elorriaga, el rechazo del Gobierno andauz sólo se puede entender "desde la estrategia de confrontación" que quiere mantener la Junta con el Gobierno del PP. "Hubiera resultado un acuerdo positivo y un deshielo entre ambas administraciones. Es difícil de entender la postura de la Junta", apostilló.

A pesar del desacuerdo, ambas partes se mostraron dispuestas a reanudar las conversaciones a partir de ahora mismo y aseguraron que los teléfonos siguen abiertos. Aunque estaba prevista una reunión de la Comisión mixta de transferencias del Estad y la Junta, sus miembros no se llegaron a sentar a la mesa de negociación.

Una conversación previa entre Elorriaga y Zarrías de una hora y media de duración sirvió para dejar claro desde un principio que no había posibilidad de acuerdo.