Según Barrera, "se pretende ir avanzando en lo que tiene que contener y contemplar los informes de responsabilidad social y no tanto en quién debería realizarlo o no".

El primer documento consensuado entre todos los componentes del Foro de expertos se centró en la definición de la Responsabilidad Social de las Empresas, y fue el fruto de tres reuniones de trabajo.

En el mismo se alcanzaron importantes acuerdos como el de la definición del concepto de la RSE, en el que se afirma "que una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés".

La RSE tiene como objetivo la sostenibilidad basándose en un proceso estratégico e integrador en el que se vean identificados los diferentes agentes de la sociedad afectados por las actividades de la empresa, se dice en la definición.

Además, "las políticas responsables emprendidas desde la empresa generan unos resultados, medibles a través de indicadores, que deben ser verificados externamente y comunicados de forma transparente".

Por último, el citado documento pedía a los poderes públicos una serie de políticas públicas para el fomento de la RSE, como pueden ser políticas de promoción e incentivos; la regulación del reporte de las empresas a las partes y la verificación del mismo; la creación de instrumentos de deliberación y concertación entre empresas y los grupos de interés; o la inclusión de la Responsabilidad Social en las actividades propias de las administraciones públicas y las empresas que de ellas dependen.