"La legalización o despenalización del aborto en la vida real se convierte en una forma de violencia machista contra la mujer", declaró el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, a los periodistas cuando finalizó su intervención en la subcomisión del aborto, que hoy comenzó a escuchar a los comparecientes propuestos por los grupos parlamentarios para aportar sus puntos de vista sobre la reforma de la ley que regula el aborto.

A juicio de Blanco, cuya comparecencia en la subcomisión la propuso el PP, la legalización del aborto supone una forma de "violencia machista contra la mujer", porque evidencia que su pareja, entorno laboral y social la han dejado sola ante una situación difícil.

"Muchas mujeres se ven abocadas al aborto sin libertad ninguna porque la ley las ha dejado abandonadas, susceptibles del chantaje laboral y emocional", continuó el presidente del Foro de la Familia, para quien la solución al problema es proteger en todo momento al no nacido y a la mujer embarazada con ayudas y alternativas al aborto.

FUERA DEL CÓDIGO PENAL

Por el contrario, la presidenta de Fundación Mujeres, María Luisa Soleto, que ofreció su punto de vista en la subcomisión parlamentaria a petición del PSOE, apostó por sacar el aborto del Código Penal y regularlo mediante una ley que recoja los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en el ámbito de la salud pública.

En su opinión, la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ha de estar "en una ley dentro del ámbito de la sanidad pública, que aborde el tema como un tema de salud pública" y, desde ese marco, otros aspectos relacionados con él, "como la prevención de embarazos no deseados o la educación afectivo sexual".

Esa ley, dijo Soleto a los medios de comunicación, debería combinar plazos y supuestos, es decir, establecer un límite temporal no inferior, en su opinión, a las 16 semanas de gestación, para que toda mujer pueda abortar sin tener que justificar por qué lo hace, y, después de ese límite temporal, fijar supuestos concretos en los que se permitiría también interrumpir el embarazo legalmente.

Además del Foro de la Familia y de Fundación Mujeres, la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la ley del aborto, dependiente de la Comisión de Igualdad y que se celebra a puerta cerrada, recibió hoy a la presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español, Justa Montero, que compareció a petición de IU.

Montero, que estrenó esta ronda de comparecencias, aseguró que cambiar la normativa sobre el aborto es algo "urgente", pues, según argumentó, la situación actual genera inseguridad jurídica y no garantiza que el aborto se realice como una prestación sanitaria dentro de la Seguridad Social.

La nueva ley, dijo, ha de respetar la decisión de las mujeres, que debe ser "causa suficiente para que puedan acceder a la interrupción del embarazo". "Además", añadió, "la norma tiene que garantizar que los abortos se realicen dentro de la sanidad pública, algo que ahora sólo ocurre en el 2,5% de los casos".

DERECHO A LA VIDA

Mientras el Foro de la Familia, la Fundación Mujeres y las organizaciones feministas expresaban su parecer sobre la reforma de la legislación del aborto en España, la asociación Derecho a la Vida escenificaba, delante del Congreso de los Diputados, lo que, a su juicio, ocurre cuando una mujer llega a una clínica abortista para interrumpir su embarazo y lo que debería suceder y no sucede.

Así, mientras un miembro de la asociación representaba la voz de las clínicas, interesadas sólo por el dinero según los convocantes, otra desempeñaba el papel de la conciencia de los centros abortistas e informaba a las mujeres embarazadas de las consecuencias que podría tener en ellas un aborto.

Las mujeres embarazadas lo estaban del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y de la presidenta de la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma del aborto, Carmen Calvo.