"La ausencia de una regulación progresista sobre el derecho de la mujer a una información completa sobre los riesgos del aborto y las alternativas existentes" y "la injustificada desigualdad de trato en la protección de la intimidad entre las personas que abortan y el resto de usuarios del sistema de salud", son algunas de estas alegaciones, según informa el Foro de la Familia.

Este organismo también sostiene que "la regulación de la financiación de los centros privados acreditados para realizar abortos puede generar inmensos fraudes al erario público".