En el conjunto de propuestas planteadas se recoge la necesidad de que los poderes públicos articulen una verdadera y eficaz política de conciliación de responsabilidades familiares y profesionales e incorporen medidas que ermitan a todos los padres y madres de España elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos.

Otras reivindicaciones se refieren al cumplimiento riguroso y eficaz de la normativa vigente en materia de Medios de Comunicación. En este sentido, piden la creación de un Consejo Audiovisual Estatal que tenga poder sancionador.

En materia fiscal, subrayan la necesidad de eliminar "las múltiples discriminaciones fiscales existentes" que padecen las unidades familiares con un solo perceptor de renta. También quieren políticas de atención a las personas dependientes y una prestación universal, directa y progresiva por hijos a cargo.

Por último, reclaman la creación de un organismo centralizado específico para la familia, dependiente directamente de Presidencia de Gobierno a nivel estatal y de los gobiernos autonómicos en las comunidades autónomas, y un Pacto de Estado por la Familia de manera "urgente".