La primera de las sesiones se centrará en una visión general de las situación de la RSC en España, para lo cual el ministerio preparará un primer documento, al que los componentes del Foro realizarán sus aportaciones y visiones sobre cual es la situación de esta materia en nuestro país.

En la segunda de las sesiones se analizarán las políticas de fomento de la responsabilidad social por parte de las administraciones publicas, incluyendo en este apartado las funciones y directrices del futuro Consejo de Fomento de RSC.

Distintas organizaciones sociales a las que ha consultado Servimedia se han mostrado favorables al cambio de metodología ante la situación de paralización a la que había llegado el Foro, que ha tardado cerca de nueve meses en volver a reunirse.

Así, valoran positivamente que una de las sesiones que se mantenga sea la del análisis de las políticas públicas de fomento de la responsabilidad corporativa donde se estudiarán temas trascendentales para el impulso de esta materia, fundamentalmente entre el tejido de las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, uno de los puntos importantes es la figura del Consejo de Fomento de RSC, que deberá determinar y fijar cual debe de ser la forma y bajo que criterios podrían sumarse las empresas a las distintas políticas de fomento que lleven a cabo la administración pública.

En la sesión de hoy, que ha sido presidida por Valeriano Gómez, secretario de Estado de Empleo, y por Juan Jose Barrera, director general de la Economía Social, se ha analizado un documento sobre las características que debe de contener el informe de responsabilidad social.

En este sentido los expertos, han llegado al acuerdo de que dicho informe debe de ser voluntario, aunque deben de mantenerse unos estándares comunes a fin de que puedan compararse y verificarse los informes que elaboren las empresas.

Por último, en cuanto al documento final que elabore el Foro de Expertos antes de fin de año, Juan José Barrera señaló que será trasladado a los agentes sociales, y que el Gobierno deberá decidir el próximo año qué políticas se deben adoptar después de analizar tanto este documento como el elaborado por la subcomisión del congreso y el que hagan los agentes sociales.