El documento, que fue aprobado por los expertos con un amplio consenso, y que sólo encontró el rechazo explícito de Amnistía Internacional, establece, además de la definición del fenómeno, el marco de actuación, los actores implicados en el desarrollo de la RSE, la legislación nacional e internacional que debe tenerse en cuenta.

Según el texto elaborado por el Foro de Expertos, al que tuvo acceso Servimedia, la RSE es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales presentó la semana pasada el documento a los expertos para que estos presentaran las correcciones que estimaran oportunas.

Según las intenciones del Gobierno, las conclusiones del Foro de Expertos, junto con las que surjan de la subcomisión parlamentaria encargada de potenciar la RSE, así como las que salgan del la mesa del diálogo social, aún sin constituir, servirán al Ejecutivo para desarrollar una política de fomento de la Responsabilidad Social de las Empresas.