Según explicó el vicepresidente de esta organización, Benigno Blanco, la intención del Gobierno de negar a los funcionarios españoles su derecho a plantear objeción de conciencia "significa la pretensión totalitaria de excluir de la función pública a todo el que no piense como el Gobierno".

En este sentido, Blanco denunció que "el Ejecutivo pretende con esta medida que la conciencia de los ciudadanos quede sustituida por la ideología de la mayoría gobernante coyuntural; expresan, en definitiva, un rasgo de totalitarismo incompatible con la pertenencia a un Gobierno democrático".

Así, el Foro Español de la Familia espera que se produzca una "inmediata y formal" rectificación del Gobierno respecto a "su totalitaria pretensión de violentar anticonstitucionalmente la conciencia de los funcionarios".

De no ser así, la organización pedirá la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "en garantía de la salud de nuestra democracia".