El presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, explicó a Servimedia que los grupos parlamentarios que les han recibido se han mostrado "cordiales", aunque no han manifestado ningún "compromiso inmediato" de incluir esta propuesta en en su agenda política.

Buesa hizo esta valoración tras reunirse con el diputado de CiU Josep María Guinart, con quien el Foro Ermua cerró la ronda de reuniones tras los encuentros con IU-ICV, PP y Coalición Canaria. El PSOE no ha accedido a recibirles, y el propio Foro ha decidido no pedir cita al PNV.

El presidente del Foro indicó que el Grupo Popular fue el más receptivo con esta propuesta, que la asociación presidida por Buesa quiere incluir en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en la que trabaja una subcomisión parlamentaria.

Esta iniciativa, subraya Buesa, "no tendría por qué perjudicar a ninguna formación política", y en cualquier caso, agregó, "lo relevante no es el resultado electoral, sino que quienes llevan un cuarto de siglo fuera del País Vasco por amenazas, puedan ejercer sus derechos políticos".

El Foro Ermua calcula que actualmente hay entre 150.000 y 200.000 vascos fuera de su lugar de origen a causa de la amenaza de ETA, lo que supone casi un 10 por ciento de la población de esta comunidad autónoma.

Uno de estos casos es el de Nieves Baglietto, que acudió hoy a la reunión con CiU para ejemplificar esta situación, y relató cómo tuvo que salir del País Vasco con sus 10 hijos tras el asesinato de su hermano y las amenazas a su familia.

REFORMA DE LA LOREG

El Foro quiere incluir en la LOREG una disposición según para las comunidades autónomas "donde la acción directa o indirecta de una organización declarada terrorista por organizaciones internacionales o supranacionales, o por los Tribunales españoles o internacionales, haya afectado sensiblemente el censo electoral".

El objetivo es que "quienes abandonen o hayan abandonado la Comunidad Autónoma cambiando su residencia a otra Comunidad Autónoma distinta que no se considere sensiblemente afectada por la acción de la misma banda terrorista, podrán solicitar su inscripción en el censo electoral como residentes-ausentes con domicilio en otra comunidad autónoma".

"La inscripción como residente-ausente con domicilio en otra Comunidad Autónoma permitirá al elector su participación en las elecciones autonómicas, municipales y, en su caso, forales, del lugar de donde sea residente-ausente", añade. "Asimismo permitirá la participación en los referéndumy consultas populares de ámbito autonómico, local o foral".

En caso de ejercer ese derecho de participación en las elecciones autonómicas, municipales y forales, el residente- ausente "no podrá ejercitar esa misma clase de derechos en los procesos electorales de idéntico signo que se convoquen dentro de la Comunidad Autónoma en que aquél tenga su domicilio", precisa.

La propuesta articulada que el Foro ha entregado a los grupos establece que "la Junta Electoral, para realizar la declaración, valorará los distintos aspectos que, considerados a lo largo de toda la acción de la banda terrorista y con especial consideración a los efectos permanentes que puedan provocar sobre el censo electoral".

ASESINATOS Y COACCIÓN SOCIAL

Para ello, tendrá en cuenta el número de asesinatos, secuestros y amenazas y otros delitos cometidos por la banda terrorista, y la "acción complementaria de coacción social a través de actos de terrorismo callejero, amenazas de autoría indeterminada, disturbios y actos de naturaleza análoga".

Asimismo, habrá de contemplar los objetivos políticos de la banda terrorista y su relación con la alteración del censo;y el impacto negativo que sobre la normal actividad de los partidos, movimientos y fuerzas políticas democráticas tenga la actuación delictiva de la banda terrorista.

Estarán legitimados para iniciar este procedimiento, prosigue, el Gobierno de la nación, un grupo de diputados, senadores o parlamentarios autonómicos que representen al menos una quinta parte de su Cámara, el Ejecutivo autonómico, la Fiscalía General del Estado o el Defensor del Pueblo.

Una vez declarada la condición de censo electoral sensiblemente afectado por el terrorismo, la misma tendrá validez para todas las elecciones y sólo podrá ser revocada a través de un proceso de revocación ante la Junta Electoral Central.