La organización vasca requirió también a Ibarretxe que anule la citada reunión con Batasuna, porque se trata, señala en una nota de prensa, de una asociación declarada terrorista por la Audiencia Nacional, la UE y los EEUU y considerada instrumento de ETA por el Tribunal Supremo, mediante sentencia firme. Se encuentra ilegalizada y suspendidas sus actividades por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, respectivamente.

El Foro Ermua acusa al lehendakari de "promover la quiebra de la medida cautelar dictada y la desobediencia a la sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo" y, añade que esta actitud, "no sólo nos aporta un claro ejemplo del tipo de compromiso con el Estado de Derecho y la democracia que tiene el Gobierno vasco, sino que puede incurrir en una actuación delictiva".

Y añade que trabajará todo lo necesario para que se cumpla la Ley y para perseguir los delitos que se cometan al obviar las prohibiciones de actuación de Batasuna.

Asimismo, denuncia la pasividad de la Fiscalía General del Estado y de la Delegación de Gobierno, ante el anuncio público de la reunión de una organización terrorista, y califica el hecho de un "elemento más para quebrar la confianza que inicialmente depositamos en el Gobierno ante la tregua de ETA".

Esta pasividad hay que sumarla a la misma pasividad en estas recientes semanas frente a las anteriores actuaciones públicas de Batasuna, señala el comunicado del citado foro ciudadano, "al ensalzamiento o justificación de la figura de Otegi por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y a la calificación de 'accidentes' de los asesinatos por parte del propio Zapatero, entre otras".

A juicio de la organización, todas estas actitudes "permisivas y claudicantes" generan una profunda preocupación en el Foro Ermua y "nos hacen perder la confianza en la determinación que pudiera tener el Gobierno de España para aprovechar la situación actual para perseguir la derrota final del terrorismo".

Por último, advierte de que "no se nos puede pedir que confiemos en las declaraciones del Gobierno afirmando que no pagará un precio político a ETA por dejar de matar, cuando vemos como no hace nada porque se aplique la Ley a una organización declarada terrorista e instrumento de ETA, como es Batasuna. Tal actitud es ya el pago de un nuevo precio político", concluye.