Con este decreto, el Gobierno pretende desarrollar la innovación y experimentación para lograr una formación profesional más competitiva y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos.

La titularidad de estos centros podrá ser de la Administración General del Estado o de la Administración autonómica. El desarrollo de sus funciones se realizará sobre un Plan de Actuación Plurianual, preparado por los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Educación y Ciencia.

Cada centro diseñará un plan de trabajo anual, que será aprobado y reflejado en un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración autonómica, a partir de la propuesta aprobada por el Consejo Social del Centro.

Para su financiación, la Administración General del Estado garantizará los recursos económicos suficientes para el desempeño de las funciones asignadas a los centros de Referencia Nacional y de las actividades establecidas en el Plan de Actuación plurianual, y facilitará, en su caso, las inversiones requeridas para la actualización de los equipamientos.

Los Centros de Referencia Nacional contarán con un Consejo social u órgano de participación social, compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las administraciones autonómicas y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito estatal.

Se contempla la posibilidad de revocar la condición de los Centros cada cuatro años en función de las evaluaciones anuales de las actuaciones de estos centros.