El cambio de modelo "no es un capricho", explicó Zaplana, sino consecuencia de dos sentencias del Tribunal Constitucional que obliganhacer copartícipes de la formación continua a las comunidades autónomas y de la nueva ley de Cualificaciones y Formación Profesional recientemente aprobada.

"Hay que dar una respuesta" a esta situación, defendió Zaplana, ya que de lo contrario se "podría poner en peligro" el dinero que se recibe para formación continua de la Unión Europea. "Por todo ello es necesario un nuevo modelo", añadió.

Este nuevo modelo, con las diferentes aportaciones que se puedan hacer en la negociación abierta con lasautonomías y los agentes sociales tendrá "tres bases sólidas".

Por un lado, que las empresas puedan realizar directamente acciones de formación, determinando previamente el número de trabajadores y la fórmula más conveniente; por otro, que determinen los criterios en su territorio las comunidades autónomas en colaboración con los agentes sociales; y, por último, hacer una política de formación continua supraautonómica, en la que pueda seguir funcionando el sistema actual de colaboración entre Gobierno patronal y sindicatos a nivel confederal.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno legisle sin acuerdo, el ministro señaló que "el acuerdo, imprescindible no es", pero "es necesario", ya que no se puede dejar pasar enero para tomar una determinación.

Zaplana resaltó que ninguna comunidad autónoma se ha opuesto frontalmente al sistema propuesto por el Gobierno, aunque algunas han presentado diferentes iniciativas que podrían ser recogidas durante la negociación.