La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha ofrecido también la posibilidad de ejercer la acusación en la causa a la Administraión del Estado.

Por otra parte, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la magistrada ha ordenado a la policía que elabore un listado de las personas que pudieran tener responsabilidad en este caso.

Una vez recibido dicho informe, el juzgado de Teresa Palacios comenzará a citar a los imputados y a los testigos, empezando por los alumnos y terminando por los máximos responsables de los cursos que se subvencionaron y que nunca llegaron a realizarse.

La magistrada ya tiene indicios e que al menos 36.000 de las 228.000 empresas que en el año 2001 recibieron subvenciones de la Unión Europea para realizar cursos de formación eran entidades ficticias.

Además, la Audiencia Nacional, que en el año 2001 se subvencionaron un total de 159.000 cursos para dos millones de alumnos, pero la mayoría de los investigados no se impartieron.

Para realizar estos cursos, la Unión Europea destinó subvenciones por valor de 600 millones de euros, gestionados por la Fundación de la Formación Contiua (Forcem), de los que se calcula que al menos el 15 por ciento fue defraudado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que, indiciariamente, los hechos que se están investigando en el juzgado de Teresa Palacios podrían ser constitutivos de un delito de fraude a los intereses de la Unión Europea, apropiación indebida y falsificación documental.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional trata de esclarecer si los sindicatos UGT y CCOO, y algunas organizaciones empesariales, se aprovecharon de estas subvenciones a la formación para financiarse a lo largo del año 2001.