Trillo dijo que presentó la denuncia en nombre del Grupo Parlamentario Popular porque, a pesar de las peticiones de su formación política, "el presidente del Gobierno ni quiso crear comisión, ni ha investigado interiormente, ni supo, ni pudo, ni quiso garantizar que no ha habido una aplicación delictiva, es decir, una apropiación particular de os fondos reservados", que, según sus estimaciones, ascendieron a 20.000 millones de pesetas en ese periodo.

El diputado popular, que llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado sobre las 12 del mediodía, se entrevistó con su titular durante unos minutos. Al término de la reunión, que calificó de "cordial", explicó que Granados recibió la denuncia con "amabilidad" e "interés" y se comprometió "a lo que es su deber y el de la fiscalía que dirige, que es estudiar a fondo el asunto y darnos una resuesta cuando ello sea posible".

En el escrito, que consta de 10 folios, el PP recuerda en primer lugar que durante su primera comparecencia ante el Parlamento como fiscal general, el grupo popular instó a Granados a que investigase el presunto uso ilegítimo de los fondos reservados, pero hasta el momento la fiscalía sólo indaga este aspecto en relación al "caso Roldán".

La denuncia señala que desce hace meses, los medios de comunicación vienen publicando contínuas informaciones relativas al uso pivado de los fondos reservados y el pago de sobresueldos por parte de los responsables del Ministerio del Interior, sin que éstos hayan desmentido rotundamente esas informaciones.

Tras señalar que las partidas iniciales de fondos reservados fueron posteriormente incrementadas, explica que tras la negativa del PSOE a investigar este presunto uso irregular en el Parlamento, "es evidente que solamente resta la vía penal para esclarecer unos hechos en los que aparecen indicios racionales de criminalidad".SECRETO

Según el PP, la fiscalía tiene capacidad para investigar este asunto a pesar de la Ley de Secretos Oficiales, ya que ésta ampara legalmente el uso de los fondos con fines legítimos, pero no otra utilización distinta, que "al no ser legal, tampoco puede ser secreta".

En su opinión, en el caso de que fueran utilizados para cometer algún delito, como el enriquecimiento personal, "no sólo desaparece automáticamente la legitimidad que fundamentaba el secreto, sino que su alegación y mantenimento para evitar la investigación equivaldría a complicidad o encubrimiento, o a otro delito específico de malversación". "Para ocultar delitos o delincuentes, el Gobierno no tiene derecho al secreto legal", añade el escrito.

Asímismo, dice que no es exacto que los fondos reservados carezcan de contabilidad, ya que aunque no tienen un reflejo contable público, sí cuentan de un seguimiento contable. Prueba de ello son varios listados con el pago a cargo de los fondos reservados presentados hoy por Trilo junto a la denuncia.

Según la denuncia, "existe un riguroso seguimiento contable, aunque secreto, de las cantidades destinadas a los fines legalmente prevenidos", contabilidad que, de acuerdo con el PP, "puede y debe ser investigada por el ministerio fiscal y por el tribunal competente, sin daño a su carácter secreto". El escrito señala que ese examen de las partidas satisfechas de acuerdo con la ley "permite computar las cantidades que no han sido destinadas a tales fines legales" y exigir responsblidades a quienes los hayan utilizado para otros usos.

En opinión de Trillo, el nuevo proyecto de Ley de Fondos Reservados podría solucionar en lo sucesivo este problema y recordó que se basa en una proposición presentada por el PP en el Parlamento. Añadió que ese control parlamentario garantizará el carácter secreto en la aplicación de los fondos "que nosotros no discutimos cuando son de uso y de destino legal".