"Existe una obligación política y moral", aseguró Pérez Mariño, "por la que se debe ordenar una exhaustiva información interna por parte del Ministerio del Interior, que clarifique si la utilización de los fondos reservados ha sido la correcta o ha obedecido a otros fines".

Para el parlamentario socialista, la información que se obtnga de las investigaciones debe servir para "instrumentar las consiguientes acciones penales por injurias o calumnias en su caso, o las depuraciones políticas o acciones penales contra los que hubiesen hecho el mal uso de los fondos reservados".

Pérez Mariño explicó que los fondos reservados, con independencia de que deban ser controlados por los jueces o por el Parlamento, tienen como fin exclusivo "atender fines cuya divulgación no es conveniente, en atención a la puesta en peligro de la seguridad dl Estado".

Indicó que, en consecuencia, dichas partidas pueden ser secretas, pero en ningún caso se pueden usar para otros fines que los previstos.