En declaraciones a la Cadena Cope, Pérez Mariño explicó que "puede haber dos delitos: uno de prevaricación, porque puede ser una resolución injusta maifiestamente, y puede haber un delito de malversación de caudales públicos".

"El tomador no tiene por qué incurrir en delito; el delito es el mal uso de los fondos. El que malversa los caudales públicos es el que, teniendo disposición de los mismos, los gasta en algo que no debe ser. Si el que los recibe sabe que son de ese tipo, que son una malversación, podría haber complicidad. Si es así, hay elementos delictivos por medio", agregó.

Pérez Mariño insistió en que "nadie del Grupo Socialista me h pedido que limite mis comentarios. Cuando me llamaron yo acepté gustosísimo, y no me pusieron ninguna limitación, y en el uso de esa libertad he dicho que, si es cierto lo que ha pasado en el Ministerio de Interior con los sueldos de Roldán y algunas otras personas, me parece absolutamente intolerable, que se escapa de la finalidad de los fondos reservados".

Añadió que "hay que investigarlo como sea; todo menos el silencio. No puede haber silencios, porque éstos son cómplices de las situaciones".

A su juicio, "los fondos reservados, esencialmente, no son malos. En todos los países existen. El problema es cuál es el sistema de control para evitar situaciones como la que parece que se han dado".

"Tiene que establecerse", dijo, "una línea de control, porque, si no hay control, entra la arbitrariedad, y por lo que se ve en este aspecto concreto, parece que también existe una arbitrariedad".