El presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, comunicó a todas las partes que dictará sentencia, aproximadamente, el 31 de enero de 2002.

Todos los imputados ejercieron su derecho a la última palabra, que aprovecharon para matizar algunos detalles que, a su juicio, no habían sido expuestos con toda pecisión y para decir al tribunal que confían en su criterio a la hora de dictar sentencia.

Los ex ministros de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, así como el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, insistieron en que este es un procedimiento "político" y que no hay pruebas para demostrar su culpabilidad.

En lo que respecta a la actitud del tribunal, todos ellos agradecieron el comportamiento "justo y generoso" que a lo largo de la vista oral mantuvieron con los procesados."PARA LA JUSTICIA SOY MENOS QUE NADA"

El ex ministro Barrionuevo mostró su indignación por el tratamiento "vejatorio" que han sufrido los acusados en los siete años transcurridos desde que, en 1994, se abriera el procedimiento. "No había pruebas para sostener las acusaciones y, sin embargo, se ha hablado de banda mafiosa, de saqueo, de botín", dijo.

"Mi experiencia me dice que para la justicia española soy menos que nada", exclamó Barrionuevo, quien considera que haberse comportado "honestamente durante sus ocho años en el Gobierno "no me ha servido para nada".

"Es perjudicial, porque si yo hubiera robado los fondos reservados podría haber pactado con el Ministerio Fiscal", dijo en clara referencia a la actitud del ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal. "Como no he sustraido ni una sola peseta, no puedo pactar", dijo.

Por su parte, Corcuera dijo que "es muy duro ser inocente y estar sentado en el banquillo, pero mucho más duro es la investigación sufrida dese 1994". Para el ex ministro, "después de haber sido investigado desde 1982, el fiscal ha dicho que yo no me he llevado nada".

Asimismo, pidió al tribunal que haga Justicia y que trate de evitar que "cuando la política entra en la Sala, la justicia sale por la ventana".

Una vez más, Rafael Vera se hizo responsable de la partida de fondos reservados perteneciente a la Secretaría de Estado de Seguridad, ya que, "si algo hemos sido, es altamente responsables con el compromiso que hemos tenido con ese país".

En esta línea, negó "rotundamente el reparto de sobresueldos en Interior", tal y como mantiene la Fiscalía. "Eso es una barbaridad", exclamó.

El siguiente en hacer uso del derecho a la última palabra fue Julián Sancristóbal, que negó haber pactado con el fiscal del caso, Alejandro Luzón, y se quejó del tratamiento que recibe por parte de algunas defensas. "Al devolver los 66 millones de pesetas hemos tratado de recoger el atenuante cualificado", señaló.

IMPUTADO "DE SEGUNDA FILA"

l ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado estableció una relación entre su negativa a cambiar su declaración para acusar a sus superiores y el hecho de que, siendo un imputado "de segunda fila", el fiscal pida para él la pena más alta: ocho años de prisión.

Por su parte, Iñaki López, ex gobernador civil de Vizcaya, aseguró que en nigún momento fue consciente de estar cometiendo un delito, y Francisco Alvarez, ex jefe del mando único de la Lucha Antiterrorista, dijo que en toda u vida policial nunca realizó ninguna operación con ánimo de lucro.

Además, en la sesión de hoy presentaron su informe los abogados de Alvarez y de López, tal y como hicieran la semana pasada los letrados del resto de imputados. Ambos representantes legales pidieron la libre absolución de su patrocinados.