La propuesta de los populares, que fue votada favorablemente por el magistrado en excedencia y diputado independiente en las filas del Grupo Socialista, Ventura Pérez Marino, no prosperó finalmente al recibir 169 sufragios negativos frente a42 afirmativos.

El debate sobre la investigación parlamentaria de estos fondos ocultos propició un agrio enfrentamiento dialéctico entre el secretario general del PP, Francisco Alvarez Cascos, quien presentó la iniciativa de su grupo, y el portavoz socialista, Alvaro Cuesta.

Alvarez Cascos defendió la necesidad de crear una comisión de investigación sobre el mal uso de los fondos reservados para prestigiar a las instituciones democráticas y exigir responsabilidades políticas a aquéllos que los utlizaron de forma fraudulenta.

Igualmente, puso de relieve que el propio fiscal general del Estado ha admitido las irregularidades existentes en la gestión de estos fondos y acusó a los socialistas de empeñarse en colocar al Congreso en una "carrera de obstáculos" que le impide defender las instituciones.

TRISTE ESPECTACULO

En una rueda de prensa posterior, el dirigente del PP expresó la decepción de su grupo por el rechazo del Congreso a su iniciativa y por el "triste espectáculo" protagonizadopor una mayoría que se ha negado a esclarecer los hechos.

Por su parte, el portavoz socialista, Alvaro Cuesta, calificó la propuesta del PP de "disparatada, ambigua e injustificada" y señaló que en este caso el Grupo Popular ha actuado a remolque de la información tergiversada de un determinado medio de comunicación, en alusión al diario "El Mundo".

Cuesta recordó que ya hay una investigación judicial en marcha sobre la utilización de los fondos reservados y que el Gobierno ya ha remitido un proycto de ley sobre la gestión de estas partidas, que garantizará un control más riguroso.

Asimismo, recordó que, a pesar del carácter secreto de los fondos reservados, el Parlamento dispone de suficientes instrumentos para efectuar un seguimiento sobre su gestión, citando como ejemplo la Comisión de Secretos Oficiales, en la que los diputados pueden obtener información sobre materias clasificadas como secretas.

Antonio Romero, de Izquierda Unida (IU), indicó que la ley elaborada por el Gobierno sobe la utilización de los fondos reservados no puede significar un "borrón y cuenta nueva" o una "autoamnistía", porque la sociedad española no puede "cerrar los ojos" ante los abusos cometidos por los responsables de estas partidas.

DEFENSA DE GARZON

Romero aprovechó su intervención en la tribuna para salir en defensa del juez Garzón en las últimas diligencias practicadas en relación con el "caso GAL" y dijo que no se puede justificar una "guerra sucia" contra el terrorismo, porque eso vulnera los prncipios recogidos en la Constitución.

El portavoz de CiU, Josep López de Lerma, admitió que la actual normativa que regula los fondos reservados es insuficiente, pero justificó el rechazó de su grupo a la creación de una comisión de investigación por tres razones: ya hay una investigación judicial en curso, la Cámara dispone de un instrumento eficaz, como la Comisión de Secretos Oficiales, y la naturaleza de los fondos es reservada porque así lo ha querido el Parlamento.

El representante del PNV,Iñaki Anasagasti, centró la mayor parte de su intervención en los últimos acontecimientos conocidos sobre el "caso GAL" y calificó de "aberración" establecer matices en el problema el terrorismo, pensando que existe un "terrorismo bueno y otro malo".

Anasagasti, que insistió en que debe haber dimisiones tras las últimas informaciones periodísticas sobre el "caso GAL", recalcó que la democracia sólo puede defenderse desde el derecho y concluyó: "La sangre no tiene bando y su derramamiento siempre es trgico".

Respecto a la petición del PP para que se crease una comisión de investigación sobre los fondos reservados, dijo que esto sería contraproducente para el actual clima político, porque contribuiría a generalizar las sombras de sospecha.

Por su parte, Pilar Rahola (ERC) y José Carlos Mauricio (CC) apoyaron la petición de los populares, argumentando que ésa sería una vía positiva para esclarecer si ha habido "guerra sucia" en la lucha contra el terrorismo.