Pablo Jiménez de Parga, abogado del ex minstro del Interior José Barrionuevo, reclamó la nulidad de las investigaciones realizadas sobre su defendido antes de septiembre de 1998, fecha hasta la que Barrionuevo era aforado y, por tanto, no podía ser investigado por un tribunal distinto del Supremo.

Según Jiménez Parga, el juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que se encargó de la investigación, carecía de competencia para instruir por la condición de aforado de Barrionuevo. Para el letrado, la investigación debería haber sido ejecutada pr la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Barrionuevo fue diputado socialista hasta el 9 de septiembre de 1998, mientras que la querella interpuesta contra él y otros seis ex altos cargos socialistas miembros de Interior fue admitida a trámite el 18 de abril de 1995. Por todo ello, Jiménez consideró que se vulneró el derecho a juez ordinario predeterminado por ley.

Ademas, según explicó Jiménez de Parga, una vez admitida a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Estudios Penales en 199, se debió comunicar la imputación "inmediatamente". Sin embargo, ésta se retrasó cuatro años, hasta que Barrionuevo perdió la condición de aforado.

Al no comunicársele de inmediato, Jiménez de Parga considera que se comete un delito de vulneración del derecho a la defensa, porque se emprendieron las investigaciones de esta causa sin imputarle.

Por su parte, el abogado de Corcuera, Leopoldo Torres, alegó el principio de 'cosa juzgada', por el que no se puede juzgar en dos ocasiones a una misma pesona por un mismo hecho. En su opinión, ya fueron juzgados por estos hechos en los casos "Marey" y "Lasa-Zabala".

Torres, al igual que ayer hiciera Manuel Cobo del Rosal, abogado del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, recordó que para investigar cuestiones sujetas al secreto de Estado, como es el uso de los fondos reservados, hace falta autorización del Consejo de Ministros o del Parlamento.

FRAUDE

Por su parte, José María Stampa Braun, representante del ex director general e la Seguridad Julián Sancristóbal, consideró un "fraude" la partipación como acusación popular de la Asociación de Estudios Penales, y pidió la nulidad de todas las actuaciones realizadas por esta sociedad.

En esta línea, se preguntó por qué esta asociación comenzó apuntando en un principio a los siete acusados en esta causa y en la actualidad señala sólo a Sancristóbal, Francisco Alvarez y el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, ya juzgado.

Además, Stampa Braun manifestó que el ribunal de Cuentas "no pinta nada en esta cuestión", en contra de lo que proponen los abogados de varios de los acusados, quienes consideran que cuantificar el valor del dinero supuestamente apropiado de los fondos reservados es competencia de ese órgano auditor de las cuentas públicas.

Por su parte, José María Tejerina, abogado del ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, pidió la nulidad de las actuaciones al considerar que durante la instrucción se han vulnerado los derechosfundamentales a la tutela efectiva, a la igualdad ante la ley y a un proceso con todas las garantías.

Por último, el defensor del ex mando único de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez se sumó a algunas de las alegaciones de sus compañeros. Coincidió con Cobo del Rosal en que este delito de malversación ya fue juzgado en los casos "Lasa-Zabala" y "Marey", y apoyó las tesis de Stampa Braun, en lo que respecta al "fraude" que supone la participación en este juicio de la Asociación de Estudios Penals.