El funcionario policial estaba destinado en la Secretaría de Estado para la Seguridad, siendo su rsponsable Rafael Vera, cuando denunció los hechos. El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid acaba de remitir a la Audiencia la causa penal cuya vista oral se celebrará próximamente.

El fiscal y la acusación particular acusan al comisario Manuel Rodríguez de un presunto delito de falsedad en documento oficial, al alterar un documento oficial que probaba el veto profesional al que se sometió posteriormente al inspector Garrido por parte de Interior en represalia a la denuncia que éste realizó, segúnla acusación particular.

En la actualidad, Manuel Rodríguez está destinado como jefe de la Oficina SIRENE-ESPAÑA (unidad policial encargada del intercambio de información con los países firmantes del Acuerdo de Schengen), destino al que optó en su día el inspector Garrido y al que fue supuestamente vetado.

De acuerdo con la acusación particular, el comisario Manuel Rodríguez fue quien al parecer dio la orden de rehacer y corregir un documento oficial en el que se afirmaba supuestamente la orden d vetar profesionalmente al inspector Garrido.

La acusación particular sostiene que el cuestionamiento de dicho inspector jefe ante sus superiores sobre la licitud de aquellos pagos motivó al parecer su cese en la Secretaría de Estado de Seguridad, así como su posterior veto para ocupar cualquier puesto de trabajo en el departamento.

Se da la paradoja de que el comisario Manuel Rodríguez, aunque está acusado en este procedimiento abreviado de un delito en el que el fiscal le pide seis años, contina en su puesto de jefe en la oficina SIRENE, cuando la práctica habitual en los casos de policías procesados es que la Dirección General de Policía les suspenda preventivamente de empleo y sueldo.

El inspector jefe de policía Francisco Javier Garrido fue una de las primeras personas que denunciaron el cobro generalizado de sobresueldos en el Ministerio del Interior.

El ex diputado del PP Luis Ramallo hizo pública esta denuncia, tras recibir una carta del inspector en la que éste confesaba que dese su llegada al puesto de jefe de la Sección de Extranjería, Refugio y Asilo de la Seguridad del Estado, dependiente de la Secretaria de Estado para la Seguridad que entonces dirigía Rafael Vera, percibía cada mes en un sobre un sobresueldo de 40.000 pesetas.

El inspector, que también envió otra carta denunciando los hechos al diputado de IU Antonio Romero, aseguraba que este reparto era generalizado en el Ministerio del Interior.